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Operación Bertha, hiperinflación y finanzas
1979 – 1995 y desde 2018 · Nicaragua
- Banca nacionalizada y delito cambiario
- Racionamiento y diplotiendas
- Hiperinflación
- Operación Bertha (1988)
- Cuentas congeladas desde 2018
En la madrugada del 15 de febrero de 1988, el gobierno sandinista retiró de circulación los billetes y los cambió a razón de mil córdobas viejos por uno nuevo, con un tope de 10,000 córdobas nuevos por persona; el excedente quedó retenido. Fue el punto culminante de una década de control de precios, racionamiento y pérdida del valor de la moneda, con una inflación de 33,548 % en 1988, según la tesis de FLACSO. Desde 2018 el Estado usa de nuevo el dinero como instrumento de castigo: cuentas congeladas, bienes de organizaciones transferidos al Estado, pensiones y ahorros confiscados.
Cifras de víctimas y daños
Contexto histórico
Este capítulo cuenta cómo el Estado sandinista controló, devaluó y confiscó el dinero de los nicaragüenses, y cómo vuelve a hacerlo desde 2018. En 1979 nacionalizó la banca y fijó penas de cárcel por «especular» con bienes o divisas; en los años ochenta racionó los alimentos con tarjetas repartidas por los Comités de Defensa Sandinista y dejó que la inflación pasara de 219 % en 1985 a 1,347 % en 1987. FLACSO, tesis sobre la inflación (2008) La Prensa, 24 may. 2020
El 14 de febrero de 1988 anunció la Operación Bertha, una conversión monetaria que retuvo los ahorros en efectivo de quienes tenían más del tope. Henry Ruiz, el comandante que según su propio relato impulsó el plan, dijo a La Prensa: «El cambio de moneda se convirtió en una confiscación». La hiperinflación continuó hasta 1991. La Prensa, 27 oct. 2013
Banca nacionalizada, delito cambiario y economía de guerra (1979–1987)
La Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional dictó en julio de 1979 dos decretos que marcaron la economía de la década. El Decreto 10, la Ley de Emergencia Nacional, castigó con tres meses a dos años de «obras públicas» a quien subiera precios, especulara, acaparara bienes de consumo básico o violara las normas contra la fuga de divisas, y declaró anulables los traspasos de bienes posteriores al 31 de diciembre de 1977. El Decreto 25, del 26 de julio, nacionalizó la banca privada: el Estado adquirió todas las acciones de los bancos, con exclusión de los seguros y los almacenes de depósito, y las pagó a valor en libros con bonos del Estado a cinco años. Decreto 10, Ley de Emergencia Nacional (1979) Decreto 25, nacionalización de la banca (1979) CIDH, informe de 1981 · cap. III
En septiembre de 1981 la Ley de Delito Cambiario (Decreto 835) fijó prisión de uno a tres años por cada acción ilegal con divisas, con un tope de 30 años, y la confiscación de lo involucrado. La CIDH observó además que los decretos 511 y 708 prohibían informar sobre la escasez de alimentos y sobre hechos que dañaran la «estabilidad económica» de la nación, y que esa redacción vaga daba a las autoridades un margen para amenazar la libertad de expresión. Decreto 835, Ley de Delito Cambiario (1981) CIDH, informe de 1981 · cap. VI
El embargo comercial de Estados Unidos, decretado por Reagan el 1 de mayo de 1985, y la guerra con la Resistencia agravaron la escasez. Según Envío, en 1988 el 62 % del presupuesto era militar. El gobierno racionó los alimentos con tarjetas repartidas por los CDS —en el caso del aceite, hasta un litro al mes— y abrió tiendas en dólares, las «diplotiendas», donde solo compraban quienes tenían divisas. La Prensa, 24 may. 2020 Envío n.º 82 (abr. 1988)
La hiperinflación (1985–1991)
Según la tesis de FLACSO, la inflación acumulada fue de 219 % en 1985, 747 % en 1986 y 1,347 % en 1987; el déficit fiscal equivalía a 27.55 % del producto en 1983 y a 18.03 % en 1987. El dólar subió de 670 córdobas en marzo de 1985 a 15,750 en marzo de 1987, y a unos 21,000 en enero de 1988, con un mercado negro que llegaba a 40,000. FLACSO, tesis sobre la inflación (2008) La Prensa, 27 oct. 2013
El Decreto 306 atribuye la situación a «la injusta guerra de agresión imperialista»; Henry Ruiz, que dice haber impulsado el cambio de moneda, dijo en 2021 que la versión oficial de 1988 «fue un invento» de quienes no podían contener la hiperinflación. Los precios siguieron subiendo después del canje: el Banco Central emitió en 1989 billetes de hasta 100,000 córdobas y en 1990 de hasta 10 millones, el mayor valor que ha tenido un billete nicaragüense, según los catálogos numismáticos. Decreto 306, Ley de Conversión Monetaria (1988) La Prensa, 14 feb. 2021 Planet Banknote, hiperinflación en Nicaragua
La Operación Bertha (14–17 de febrero de 1988)
El plan nació, según Henry Ruiz, en 1983, con un equipo de técnicos; en 1985 Ortega desistió por temor político. Dionisio Marenco, ministro de Planificación en 1988, lo retomó. Los billetes se imprimieron en la República Democrática Alemana y se guardaron en bodegas de Managua desde 1985; los de la nueva serie llevan impreso ese año. El nombre viene, según La Prensa, de una quinta llamada Berta en el kilómetro 27 de la Carretera Sur, donde se preparó el operativo. La Prensa, 14 feb. 2021 La Prensa, 11 feb. 2024 Nicaragua Investiga, Operación Berta
El domingo 14 de febrero, Día de los Enamorados, el gobierno anunció el Decreto 306, firmado por el presidente con facultades delegadas. Desde las 00:00 del 15 de febrero quedaban desmonetizados los billetes; se cambiaban a mil por uno, con un tope de 10,000 córdobas nuevos (diez millones de viejos) por persona o entidad. Lo que excediera el tope pasaba a certificados de depósito especial en el Banco Central, a los plazos e intereses que el propio banco fijara. Los billetes de 500 o más debían cambiarse en tres días, el 15, 16 y 17 de febrero, de 8 de la mañana a 6 de la tarde; para cambiar se exigía la Tarjeta del Consumidor del Ministerio de Comercio Interior, y falsear la solicitud se castigaba con uno a seis meses de arresto y la pérdida del dinero. Decreto 306, Ley de Conversión Monetaria (1988)
Según Envío, que apoyaba el programa, 60,000 empleados atendieron 1,611 mesas de canje, trabajaron bajo juramento de secreto y se cerraron las fronteras durante el canje. El gobierno dijo que buscaba descapitalizar a la Resistencia; Luis Fley, jefe de la Resistencia, contestó que «más bien nos ayudó». Envío n.º 82 (abr. 1988) La Prensa, 11 feb. 2024 La Prensa, 27 oct. 2013
Los que perdieron
La Prensa reunió en 2013 algunos relatos. Alberto Rojas, comerciante de Masaya, vendió su mercadería días antes del canje sin saber lo que venía: «amanecimos con una poquedad de dinero, que ya no valía»; no le alcanzó para gasolina y volvió a pie a su casa. La familia de Lissete Sánchez, del barrio San Judas, encontró meses después varios millones de córdobas viejos bajo el colchón de su abuela, ya muerta. Un campesino de apellido Arancibia había recibido millones por ganado que no pudo cambiar y, según el relato, murió poco después «de pena moral». Los funcionarios que prepararon el canje juraron un secreto que decía «que las leyes revolucionarias caigan sobre mí». La Prensa, 27 oct. 2013
Después del canje: ajuste, desempleo y fin de la hiperinflación (1988–1995)
La inflación de 1988 fue de 33,548 % según FLACSO, de 33,600 % según Envío y de «33,000 %» según una crónica de The New York Review of Books; el producto cayó 8 % ese año. Entre 1987 y 1989 el gasto del Estado pasó de 172 a 81 millones de dólares, se eliminaron unos 8,000 empleos civiles y 13,000 militares, el desempleo subió de 24.4 % a 32.7 % y el salario real cayó 40 %. FLACSO, tesis sobre la inflación (2008) Envío n.º 109 (ago. 1990) The New York Review of Books, 17 ago. 1989
En 1990, ya en el gobierno de Violeta Chamorro, la inflación fue de 13,490 %. El 3 de marzo de 1991 un plan de estabilización fijó el córdoba oro en cinco por dólar y prohibió al Banco Central emitir sin respaldo. Según el INCAE, la inflación bajó de 750 % en 1991 a 11.5 % en 1995. FLACSO, tesis sobre la inflación (2008) La Prensa, 11 feb. 2024
El dinero como arma desde 2018
El 20 de julio de 2018, tres meses después del inicio de las protestas, La Gaceta publicó la Ley 976, de la Unidad de Análisis Financiero, y la Ley 977, contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Desde entonces el gobierno y los bancos han usado las normas antilavado contra opositores: en 2021 se congelaron las cuentas de Cristiana Chamorro, de 13 empresarios y de La Prensa, y organizaciones como la Fundación del Río y Funides perdieron su personería y sus bienes. La Gaceta n.º 138, 20 jul. 2018 Expediente Público, 16 abr. 2024
El GHREN documentó que los bienes de los desterrados y desnacionalizados se confiscaron sin apelación, que se confiscaron pensiones del Seguro Social y que a los exiliados se les cierran cuentas bancarias en Costa Rica y Estados Unidos. Los destierros se cuentan en Segundo exilio y desnacionalización; el cierre de organizaciones, en Estado de excepción permanente y cierre del espacio cívico. GHREN, 23 sep. 2025
Las leyes de 2020 añadieron otra herramienta. La Ley 1040, de Regulación de Agentes Extranjeros, obliga a quienes reciben fondos del exterior a registrarse, a demostrar que sus donantes son de «buena reputación» —término que no define— y a informar periódicamente de cada movimiento; el Observatorio FIDH-OMCT y el Cenidh señalan que no está claro si sus sanciones pueden impugnarse a tiempo ante un juez. En mayo de 2023 la Policía anunció una investigación por lavado de dinero contra varias diócesis católicas: dijo haber hallado «centenares de miles de dólares» en bolsas en instalaciones de la Iglesia, retirados de cuentas que debían estar congeladas, y la Superintendencia de Bancos pidió a la Conferencia Episcopal los movimientos de sus cuentas. FIDH-OMCT, «Las nuevas leyes de la represión» AFP · Revista E&N, 27 may. 2023
Lo que se cuenta en otros capítulos
Las propiedades confiscadas y repartidas en 1990 están en La piñata sandinista; las tierras confiscadas por la reforma agraria, en Robo de tierras; el financiamiento de Ortega con petróleo venezolano y el banco Interbank, en Ruta al poder. La censura de las noticias económicas, en Represión civil de los años ochenta.
Lo que midieron los economistas
El economista colombiano José Antonio Ocampo, en un estudio publicado en 1991 por la Oficina Nacional de Investigación Económica de Estados Unidos, calculó que la inflación mensual promedio pasó de 13 % en 1985 a 19.5 % en 1986, 24.9 % en 1987 y 62.4 % en 1988, y que de enero de 1988 a enero de 1989 los precios subieron un 43,000 %. Según su análisis, el canje de febrero de 1988 (mil córdobas viejos por uno nuevo) desmonetizó alrededor del 20 % de los activos líquidos; el tipo de cambio oficial pasó a 10 córdobas nuevos por dólar, 143 veces más que en enero, y el salario promedio del sistema nacional de ocupaciones y salarios subió 675 %. En junio de 1988 el gobierno liberó la mayoría de los precios y salarios y devaluó 700 %. El producto cayó 10.9 % en 1988 y, a mediados de 1989, el empleo en el gobierno central se había reducido 14.3 %. Ocampo, NBER, 1991
El déficit del gobierno central, siempre según Ocampo, pasó de 9 % del producto en 1981 a 23.5 % en 1984 y a 16.5 % en 1987; el del sector público en su conjunto nunca bajó de 20 %. El dinero en manos del público (M1) se redujo a 6.5 % del producto en enero de 1989. Ocampo, NBER, 1991
El estudio de país de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos da otras cifras anuales: 220 % en 1985, más de 14,000 % en 1988 y más de 12,000 % en 1990. Después del canje, el tipo oficial de 10 córdobas por dólar llegó a 920 a fines de 1988; a mediados de ese año las casas de cambio del gobierno pagaban 20,000 córdobas por dólar y el mercado negro 60,000. En 1990 el gobierno de Violeta Chamorro creó el córdoba oro, a razón de 5 millones de córdobas por uno, que desde 1991 fue la única moneda. Biblioteca del Congreso de EE. UU., Country Study
El costo social siguió después de 1990. Según Envío, el Plan Lacayo del 4 de marzo de 1991 devaluó 400 %; el desempleo y el subempleo pasaron de 45 % en 1990 a 58 % en 1991, según el Ministerio del Trabajo, y más de 11,500 empleados públicos —unos 3,000 de la banca y unos 5,000 de las Fuerzas Armadas— salieron por el programa de conversión ocupacional. Un seminario de la ONU y del gobierno calculó que el 70 % de la población era pobre y el 40 % indigente. Envío n.º 128, mar. 1992
Estado de impunidadSin reparación ni procesos
Sin reparación ni procesos1988 – hoy
Nadie ha sido juzgado por la Operación Bertha. Los 116,487 millones de córdobas retenidos no fueron devueltos ni compensados, y los certificados de depósito especial perdieron su valor con la inflación que siguió. Henry Ruiz dijo a La Prensa que el canje se convirtió en una confiscación; ningún tribunal ha examinado esa responsabilidad.
Los bienes y cuentas confiscados desde 2018 se asignaron a instituciones estatales y, según el GHREN, en algunos casos a particulares vinculados al FSLN. Las víctimas no tuvieron vía de apelación ni compensación.
Para profundizar
Respaldo documental
- Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional. Decreto n.º 10, Ley de Emergencia Nacional. Julio de 1979. Disponible en: sajurin.enriquebolanos.org
- Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional. Decreto n.º 25, Nacionalización del Sistema Financiero. 26 de julio de 1979. Disponible en: sajurin.enriquebolanos.org
- Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional. Decreto n.º 835, Ley de Delito Cambiario. 9 de septiembre de 1981. Disponible en: sajurin.enriquebolanos.org
- Presidente de la República de Nicaragua. Decreto n.º 306, Ley de Conversión Monetaria. 14 de febrero de 1988; La Gaceta n.º 43, 2 de marzo de 1988. Disponible en: enriquebolanos.org
- Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua. 1981, caps. III y VI. Disponible en: cidh.oas.org
- La Prensa. «Operación Berta: la confiscación masiva de dinero». 27 de octubre de 2013. Disponible en: laprensani.com
- La Prensa. «A 33 años de la Operación Berta, Henry Ruiz cuenta cómo se ideó el mayor fiasco del córdoba». 14 de febrero de 2021. Disponible en: laprensani.com
- La Prensa. «Diez cosas sobre la Operación Berta». La Prensa Domingo, 11 de febrero de 2024. Disponible en: laprensani.com
- La Prensa. «Siete terribles cosas que le ocurrieron a la economía de Nicaragua en los años ochenta». La Prensa Domingo, 24 de mayo de 2020. Disponible en: laprensani.com
- Nicaragua Investiga. «Así se dio la Operación Berta». Disponible en: nicaraguainvestiga.com
- Envío, n.º 82. «La conversión monetaria». Abril de 1988. Disponible en: envio.org.ni
- Envío, n.º 109. Agosto de 1990. Disponible en: revistaenvio.org
- FLACSO Ecuador. Tesis sobre la inflación en Nicaragua, 2008. Disponible en: repositorio.flacsoandes.edu.ec
- The New York Review of Books. «Dithering in Nicaragua». 17 de agosto de 1989. Disponible en: nybooks.com
- La Gaceta, Diario Oficial, n.º 138. 20 de julio de 2018 (Leyes 976 y 977). Disponible en: sajurin.enriquebolanos.org
- Expediente Público. «Represión financiera: cómo el régimen Ortega-Murillo usa los bancos para sabotear a sus opositores». 16 de abril de 2024. Disponible en: expedientepublico.org
- Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN). Nicaragua: persecución más allá de las fronteras. 23 de septiembre de 2025. Disponible en: copia en expedientepublico.org
- José Antonio Ocampo. «Collapse and (Incomplete) Stabilization of the Nicaraguan Economy». En R. Dornbusch y S. Edwards (eds.), The Macroeconomics of Populism in Latin America, NBER, 1991, pp. 331–368. Disponible en: nber.org
- Library of Congress, Federal Research Division. Nicaragua: A Country Study, «Economy». Disponible en: countrystudies.us
Citas en formato Chicago, 17.ª edición. Los documentos enlazados son de acceso abierto; los que no tienen enlace se encuentran en archivos físicos de las instituciones indicadas o están disponibles bajo solicitud.
Cronología de los hechos
- Julio de 1979
Emergencia económica y banca nacionalizada
La Junta de Gobierno dicta el Decreto 10, que castiga con tres meses a dos años de «obras públicas» el alza de precios, la especulación, el acaparamiento y la fuga de divisas, y declara anulables los traspasos de bienes posteriores al 31 de diciembre de 1977. La CIDH lo describe en su informe de 1981: autoriza intervenir negocios abandonados, requisar medios de transporte y expropiar temporalmente viviendas.
El 26 de julio el Decreto 25 nacionaliza la banca privada: el Estado adquiere todas las acciones y las paga a valor en libros con bonos a cinco años. Quedan fuera los seguros y los almacenes de depósito, y la banca extranjera no puede captar depósitos. Lo firman Violeta Barrios de Chamorro, Sergio Ramírez, Moisés Hassan, Alfonso Robelo y Daniel Ortega.
Fuentes: Decreto 10, Ley de Emergencia Nacional (1979) Decreto 25, nacionalización de la banca (1979) CIDH, informe de 1981 · cap. III
- 1980 – 1981
Delito cambiario y silencio sobre la escasez
El Decreto 511 de 1980 prohíbe a la prensa informar sobre la escasez de alimentos y bienes de consumo, que el gobierno atribuía a la especulación; el 708 prohíbe divulgar hechos que dañen la «estabilidad económica» de la nación. La CIDH dijo que esa redacción vaga daba a las autoridades un margen para amenazar la libertad de expresión.
El 9 de septiembre de 1981 el Decreto 835, Ley de Delito Cambiario, fija prisión de uno a tres años por cada acción ilegal con divisas, con un tope de 30 años, y la confiscación de lo involucrado. Lo firman Sergio Ramírez, Daniel Ortega y Rafael Córdova Rivas.
Fuentes: CIDH, informe de 1981 · cap. VI Decreto 835, Ley de Delito Cambiario (1981)
- 1985 – 1987
Racionamiento, diplotiendas y embargo
El 1 de mayo de 1985 Reagan decreta el embargo comercial. La escasez se administra con tarjetas de racionamiento repartidas por los Comités de Defensa Sandinista —en el caso del aceite, hasta un litro al mes— y con tiendas en dólares, las diplotiendas, a las que solo accede quien tiene divisas.
Según Envío, en 1988 el 62 % del presupuesto es militar. La Prensa cuenta que unas 350 empresas, 7,000 viviendas y tres millones de manzanas de tierra se confiscaron durante la década.
- 1985 – enero de 1988
La hiperinflación
La inflación acumulada es de 219 % en 1985, 747 % en 1986 y 1,347 % en 1987, según FLACSO. El dólar pasa de 670 córdobas en marzo de 1985 a 15,750 en marzo de 1987 y a unos 21,000 en enero de 1988, con un mercado negro que llega a 40,000. El déficit fiscal equivale a 18 % del producto en 1987.
El gobierno atribuye la crisis a «la injusta guerra de agresión imperialista», como dice el Decreto 306; Henry Ruiz sostiene que la versión oficial fue un invento de quienes no podían contener la inflación.
Fuentes: FLACSO, tesis sobre la inflación (2008) La Prensa, 27 oct. 2013 Decreto 306, Ley de Conversión Monetaria (1988) La Prensa, 14 feb. 2021
- 1983 – febrero de 1988
La preparación secreta
Según Henry Ruiz, el plan del cambio de moneda nace en 1983 y un equipo de técnicos lo diseña con asesores de Alemania y la Unión Soviética; en 1985 Ortega desiste por temor político. Según Ruiz, ni Tomás Borge ni Sergio Ramírez lo conocían. Dionisio Marenco, ministro de Planificación, lo retoma en 1988; Ruiz le atribuye la decisión de cambiar mil córdobas viejos por uno nuevo, y Marenco no respondió a las preguntas de La Prensa.
Los billetes se imprimen en la República Democrática Alemana y llevan impreso el año 1985. Unos 60,000 empleados del sistema financiero jurarán secreto y se distribuirán en 1,611 mesas de canje; el nombre viene, según La Prensa, de una quinta llamada Berta en el kilómetro 27 de la Carretera Sur.
Fuentes: La Prensa, 14 feb. 2021 La Prensa, 27 oct. 2013 La Prensa, 11 feb. 2024 Nicaragua Investiga, Operación Berta Envío n.º 82 (abr. 1988)
- 14 – 17 de febrero de 1988
La Ley de Conversión Monetaria
El domingo 14 de febrero, Día de los Enamorados, el presidente anuncia el Decreto 306. Desde las 00:00 del 15 los billetes quedan desmonetizados y se cambian a 1,000 viejos por 1 nuevo, a 10 córdobas nuevos por dólar. Se entregan como máximo 10,000 córdobas nuevos —diez millones de viejos— a cada persona o entidad, y el mismo monto adicional a quien pruebe actividad económica propia; el resto pasa a certificados de depósito especial en el Banco Central, a los plazos e intereses que este fije.
Los billetes de 500 o más se cambian el 15, 16 y 17 de febrero, de 8 de la mañana a 6 de la tarde; para cambiar hace falta la Tarjeta del Consumidor, y turistas y no residentes solo pueden cambiar con comprobante de compra de divisas. Quien lo falsee recibe de uno a seis meses de arresto y pierde el dinero. Las fronteras permanecen cerradas durante el canje.
Fuentes: Decreto 306, Ley de Conversión Monetaria (1988) Envío n.º 82 (abr. 1988)
- Febrero – marzo de 1988
Lo retenido y la reacción
Según Envío, el canje retira 116,487 millones de córdobas viejos, el 19.8 % de la masa monetaria, y el gobierno calcula que unos 100,000 millones no se presentaron a cambio. El 18 de febrero se organiza vigilancia popular en los mercados; el 20 y 21 el gobierno recorta 10 % el presupuesto y fija un impuesto de 55 % a las diplotiendas.
El 2 de marzo el COSEP condena «las confiscaciones»; el vicepresidente Sergio Ramírez la califica de éxito. Henry Ruiz dijo a La Prensa que «el cambio de moneda se convirtió en una confiscación» y que quien tenía 200,000 córdobas y los cambiaba recibía 200 nuevos.
Fuentes: Envío n.º 82 (abr. 1988) Nicaragua Investiga, Operación Berta La Prensa, 27 oct. 2013
- 1988 – 1989
Ajuste, desempleo y salarios a la baja
La inflación de 1988 es de 33,548 % según FLACSO y 33,600 % según Envío; el producto cae 8 %. Entre 1987 y 1989 el gasto del Estado baja de 172 a 81 millones de dólares, se eliminan unos 8,000 empleos civiles y 13,000 militares, el desempleo sube de 24.4 % a 32.7 % y el salario real cae 40 %.
En junio de 1989 el córdoba perdió dos tercios de su valor frente al dólar y, según The New York Review of Books, el gobierno confiscó las tierras de tres grandes cafetaleros, acusados de sabotear las reformas.
Fuentes: FLACSO, tesis sobre la inflación (2008) Envío n.º 109 (ago. 1990) The New York Review of Books, 17 ago. 1989
- 1990 – 1995
El final de la hiperinflación
La inflación fue de 1,689 % en 1989 y de 13,490 % en 1990. El Banco Central emitió billetes de hasta 10 millones de córdobas, el mayor valor de la historia de la moneda nicaragüense. El 3 de marzo de 1991 el gobierno de Violeta Chamorro fija el córdoba oro en cinco por dólar y prohíbe al Banco Central emitir sin respaldo.
Según el INCAE, la inflación baja de 750 % en 1991 a 11.5 % en 1995.
Fuentes: FLACSO, tesis sobre la inflación (2008) Planet Banknote, hiperinflación en Nicaragua La Prensa, 11 feb. 2024
- 2018 – 2025
El dinero como arma
El 20 de julio de 2018 La Gaceta publica la Ley 976, de la Unidad de Análisis Financiero, y la Ley 977, contra el lavado de activos. En diciembre de 2018 se cancela la Fundación del Río y se confiscan sus bienes; Banpro congela 25,000 dólares de su cooperación. El 24 de mayo de 2021 Cristiana Chamorro denuncia que le congelaron las cuentas, y el 17 de junio una jueza ordena levantar el secreto bancario y congelar las cuentas de 13 empresarios, entre ellos José Antonio Baltodano y Jaime Montealegre, por su paso por la junta directiva de Funides.
El 13 de agosto de 2021 la policía ocupa La Prensa y se congelan sus cuentas. Hasta enero de 2025 suman más de 5,600 las organizaciones canceladas, con sus bienes transferidos al Estado. En abril de 2024 Expediente Público y La Prensa recogieron denuncias de exiliados a quienes bancos de Costa Rica les cierran cuentas; los bancos no respondieron.
Fuentes: La Gaceta n.º 138, 20 jul. 2018 Expediente Público, 16 abr. 2024 La Prensa (Panamá), 24 may. 2021 La República, 17 jun. 2021 EFE · Revista E&N, 30 ene. 2025 La Prensa, 17 abr. 2024
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Casos emblemáticos
Hechos concretos, con fecha, lugar y la fuente que los registra.
Máximo Reyes: el premio de la lotería
Máximo Reyes, vendedor de verduras de Managua, había ganado el premio mayor de la Lotería Nacional: 750,000 córdobas. Vendió además un camioncito en 20,000 y una camioneta en 16,000.
En el colegio Salomón Ibarra, del reparto Schick, donde le tocaba cambiar, las filas eran interminables y el centro cerró antes de que llegara. «No dio tiempo, ya no pude», dijo. Perdió los 750,000 del premio y los 36,000 de la venta, según su testimonio a Nicaragua Investiga.
Un comerciante, una importadora y un campesino
Alberto Rojas, comerciante de Masaya, vendió todo su inventario antes de viajar a la Costa Atlántica; al día siguiente, con lo cobrado, no pudo pagar la gasolina y volvió a pie, en la quiebra: «amanecimos con una poquedad de dinero, que ya no valía». Lipsia Vanegas, importadora, entregó 8,000 millones de córdobas viejos: 7,990 millones quedaron retenidos y recibió 10,000 córdobas nuevos.
Un campesino de Yaró, en Waslala, de apellido Arancibia, vendió ganado a la Resistencia y recibió el pago en córdobas viejos; no pudo cambiarlos y, según Luis Fley, murió poco después «de pena moral». En el barrio San Judas, de Managua, una joven encontró meses después, bajo el colchón de su abuela fallecida, varios millones de córdobas viejos, sus ahorros, que ya no valían.
La Prensa: allanamiento, cuentas congeladas y condena
El 13 de agosto de 2021, un día después de que el diario denunciara que la Aduana retenía papel y equipos importados, la policía ocupó La Prensa con cargos de «fraude aduanero y lavado de activos». Se congelaron las cuentas de la empresa y el diario hizo un «recorte forzado de personal para poder sobrevivir». Daniel Ortega acusó al diario de prestarse a lavar dinero.
El 22 de agosto de 2022 La Prensa denunció la confiscación de su planta: una rotativa de 2.1 millones de dólares, una prensa comercial de 3.89 millones y, en total, bienes por unos 9.68 millones de dólares, según el diario. Su gerente general, Juan Lorenzo Holmann, fue condenado en abril de 2022 a nueve años de prisión por lavado de dinero.
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Lo que han documentado organismos oficiales y de derechos humanos.
Describió la Ley de Emergencia Nacional (Decreto 10): suspendió y declaró anulables los traspasos de bienes posteriores al 31 de diciembre de 1977, permitió intervenir negocios abandonados, requisar medios de transporte y expropiar viviendas de forma temporal, y castigó la especulación. En otro capítulo dijo que los decretos 511 y 708, que prohibían informar sobre la escasez y sobre hechos que dañaran la «estabilidad económica», eran tan vagos que permitían amenazar la libertad de expresión.
Documentó que los tribunales ordenaron confiscar todos los bienes de los 452 desnacionalizados; que la Procuraduría General encabezó la ejecución con apoyo policial, sin apelación ni compensación; que el INSS ordenó confiscar las pensiones y cotizaciones de quienes habían cotizado entre los 452, y que a las víctimas se les cierran o congelan cuentas bancarias, sobre todo en Costa Rica y Estados Unidos. El Grupo llama «represión financiera transnacional» a la difusión de acusaciones falsas de lavado de dinero para generar alertas en los bancos.
Según la cobertura de IPS, el Grupo señaló que más de 5,000 organizaciones sin fines de lucro se cerraron desde 2018 y sus bienes pasaron al Estado por procedimientos irregulares; que 54 altos funcionarios —jueces, fiscales y funcionarios del Registro de la Propiedad y de la Procuraduría— son responsables directos de las confiscaciones, y que las decisiones se coordinan desde la Oficina de la Presidencia, que encabeza Rosario Murillo.
Analiza la Ley 1040 de Agentes Extranjeros: registro obligatorio, control de cada movimiento de fondos, exigencia de donantes de «buena reputación» sin definir el término, y dudas sobre la posibilidad de impugnar a tiempo sus sanciones; y las leyes 1055 y 1042 y la reforma que permite la prisión perpetua.
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