El Ejército de la Dictadura Sandinista

En 2014 el Código Militar definía al Ejército como «apartidista» y «apolítico». La reforma de 2025 (Ley N.º 1243, del 28 de marzo) suprimió ambos términos y lo colocó «bajo el mando de la Presidencia de la República como Jefatura Suprema», ejercida por una copresidencia. Desde entonces su personal jura lealtad ante la bandera rojinegra del sandinismo.

Antes de 2018 condujo operaciones en las que murieron campesinos del norte y del Caribe sin que se abriera una investigación. El 20 de abril de 2018 el jefe del Estado Mayor leyó ante los mandos una orden presidencial de «neutralizar» a los manifestantes, y la Dirección de Información para la Defensa asumió el control operativo de la represión. Las Naciones Unidas identificaron a once de sus mandos como posibles responsables.

Coordina el componente político de la red de vigilancia transnacional. El Ejército participó además en las expulsiones colectivas de presos políticos y en la privación arbitraria de la nacionalidad.

Humberto Ortega y Hugo Torres murieron bajo custodia, y tres oficiales retirados permanecen en desaparición forzada. El mayor retirado Roberto Samcam fue asesinado en Costa Rica en 2025; quien ordenó el crimen no ha sido identificado.

Administra el Instituto de Previsión Social Militar, ocupa propiedades confiscadas por el régimen y, desde 2025, recibe el dinero y los bienes decomisados al narcotráfico sin obligación de informar públicamente. Un general retirado sancionado por Estados Unidos presidía la Empresa Nicaragüense de Minas, también sancionada.

Los decretos semestrales autorizan el ingreso rotativo de hasta 80 militares rusos y 80 venezolanos para entrenar con el Comando de Operaciones Especiales, la unidad que en 2018 desplegó francotiradores contra manifestantes. Estados Unidos y Canadá sancionaron en 2024 el centro de entrenamiento del Ministerio del Interior ruso en Managua, y el Ejército contrató equipo militar a Poly Technologies, empresa china sancionada por Estados Unidos. En octubre de 2026 la OEA advirtió que esa cooperación puede facilitar la represión interna.

No se publican estadísticas de decomisos, hay grandes decomisos sin detenidos y las autoridades de cinco países incautaron 4.374 kilos de cocaína salida de Nicaragua. En septiembre de 2026 la Casa Blanca habló de «complicidad de actores del régimen» en el narcotráfico.

Ocho de los once mandos identificados por la ONU no han sido sancionados por ningún país, y ninguna unidad militar ha sido designada. La Unión Europea, el Reino Unido, Canadá y Suiza no han sancionado a ningún miembro del Ejército.

La Policía no publica su anuario estadístico desde 2021. En 2024 decomisó 1,5 millones de dólares en efectivo en el Caribe Sur sin informar de ninguna detención, y la Fuerza Naval informó de 710 kilos decomisados en doce meses, la mitad de su promedio histórico. El 19 de junio de 2026 el Ejército informó del hallazgo de 475 paquetes de cocaína en la ribera del río Frío, San Carlos, sin detenidos; el mismo patrón se repitió en Chinandega (2021), Playa Quizalá (2024), Rivas (2025) y San Juan del Sur (2026).

El informe antinarcóticos de 2025 (INCSR) señala que la Policía y el Ejército «carecen de autonomía no partidista y siguen las directivas del Poder Ejecutivo», y que Nicaragua se niega a compartir información sobre decomisos. En septiembre de 2026 la determinación presidencial afirmó que el régimen «no ha tomado medidas suficientes contra el narcotráfico y la complicidad de actores del régimen en el tráfico de drogas», sin identificar a esos actores.

La Orden Ejecutiva 14059 exige vincular a personas o entidades concretas con actividades concretas. Una designación contra mandos del Ejército se sustentaría en al menos dos de estos elementos: un documento judicial de cualquier país que identifique a personal militar nicaragüense; registros de incautación o custodia que muestren desvíos; un rastro financiero que vincule a mandos o al IPSM con lavado de activos; o testimonios de al menos dos fuentes independientes, corroborados por documentos. Las sanciones vigentes contra mandos del Ejército se basan en violaciones de derechos humanos, no en narcotráfico.

• Hasta 80 militares rusos y 80 venezolanos, de forma rotativa, para entrenar con el Comando de Operaciones Especiales «General Pedro Altamirano».
• Hasta 50 rusos y 50 venezolanos para intercambio con la Fuerza Naval, la Fuerza Aérea y Defensa Antiaérea y el Cuerpo de Transmisiones.
• Hasta 50 rusos y 50 venezolanos para adiestramiento en labores de seguridad con la Unidad Humanitaria y de Rescate.
• Personal ruso y venezolano, sin límite de efectivos, para operaciones contra ilícitos en el Caribe y el Pacífico con la Fuerza Naval.
• La salida rotativa de hasta 50 militares nicaragüenses hacia Rusia para instrucción militar.

El centro de entrenamiento del Ministerio del Interior ruso en Managua fue sancionado por Estados Unidos (15 de mayo de 2024) y Canadá (junio de 2024); el Tesoro dice que entrena a las fuerzas del régimen «según el manual de opresión del gobierno autoritario ruso». El 24 de junio de 2026 la embajada de Rusia reconoció la presencia de «un grupo de asesores y especialistas militares».

El decreto de mayo de 2026 incorporó por primera vez a la República Popular China a la lista de países cuyas fuerzas pueden transitar y estacionarse en Nicaragua, sin especificar efectivos ni actividades. En mayo de 2025 el Gobierno firmó con Poly Technologies, empresa estatal china sancionada por Estados Unidos el 12 de junio de 2024, un contrato de suministro de equipo para el Ejército; su contenido no es público.

Un informe de inteligencia filtrado, publicado por The New York Times en abril de 2023, decía que el Ejército exploró una cooperación militar con Irán; el diario no pudo confirmar la autenticidad de los documentos. Los informes sobre presencia de Hezbolá o de la Guardia Revolucionaria provienen de la Fundación Heritage y de funcionarios estadounidenses sin documentación pública que los respalde.

La Reunión de Consulta de cancilleres aprobó la resolución «La situación en Nicaragua y su consideración colectiva continua». Urge a Nicaragua a interrumpir actividades con apoyo internacional en seguridad, tecnología e intercambio de información que faciliten la vigilancia o la represión; exige la liberación de los presos políticos, la restitución de la nacionalidad y de los bienes confiscados, y la revocación de las reformas de 2025 y 2026; y crea un Grupo Ministerial de Seguimiento que debe presentar, en 60 días, recomendaciones de acciones diplomáticas y jurídicas. Brasil y Uruguay se desvincularon de la caracterización sobre la paz y la seguridad regionales.