Museo Virtual / Episodio
Ejecuciones Clandestinas
1990 – 2019 · Zonas rurales del norte, del centro y del Caribe
- Asesinato de desmovilizados de la Resistencia
- Ejecuciones extrajudiciales
- Masacres de campesinos
- Impunidad
Con los acuerdos de paz de 1990, entre 18,000 y 20,000 combatientes de la Resistencia Nicaragüense entregaron sus armas a cambio de seguridad, tierra y reinserción. Esas garantías no se cumplieron: entre junio de 1990 y julio de 1994 murieron 245 excontras, y la mayoría de las investigaciones fue negligente o encubridora. Con Ortega de vuelta en el poder en 2007 las ejecuciones continuaron contra campesinos y excontras presentados como «delincuentes» o «rearmados», y se concentraron en Jinotega, Nueva Segovia y el Caribe Sur.
Cifras de víctimas y daños
Contexto histórico
Entre marzo y junio de 1990 la Resistencia negoció su salida de la guerra: el acuerdo de Toncontín (27 de marzo), el acuerdo definitivo con el gobierno sandinista saliente (18 de abril) y la entrega de armas entre el 8 de mayo y el 10 de junio. Entre 18,000 y 20,000 combatientes se desmovilizaron y recibieron ropa civil, herramientas, US$50 y la promesa de tierra. Biblioteca del Congreso de EE. UU.
El Ejército y la Policía seguían bajo mando sandinista, y Humberto Ortega continuó al frente del Ejército hasta 1995. Antes de que los excontras anunciaran su rearme, la OEA ya había documentado unos 35 muertos; en el primer año de desmovilización verificó 52 asesinatos, en su mayoría de recontras, y cerca de la mitad se atribuyó a militares o policías sandinistas. Biblioteca del Congreso de EE. UU.
Después de 2007 el patrón regresó: campesinos y excombatientes opuestos al gobierno murieron en operativos del Ejército y la Policía, o a manos de paramilitares, en la antigua zona de la Resistencia. Tras la rebelión de 2018 la violencia se concentró en Jinotega, en municipios como El Cuá, San José de Bocay y Wiwilí.
Los muertos de 1990 a 1994
La Comisión Internacional de Apoyo y Verificación de la OEA (CIAV) contó 245 excontras muertos «en diversas circunstancias» entre fines de junio de 1990 y el 31 de julio de 1994. El informe Helms, del Senado de EE. UU. (agosto de 1992), hablaba de 217 asesinatos en una «campaña sistemática». Human Rights Watch, oct. 1994
La Comisión Tripartita, creada el 2 de octubre de 1992 por la CIAV, el cardenal Obando y el gobierno, revisó 42 casos con 75 víctimas hasta diciembre de 1993. Atribuyó unas 31 muertes a civiles, otras 31 al Ejército y la Policía, 9 a recontras y 3 a autores desconocidos. En el 76 % de las 75 muertes la investigación fue negligente o encubridora: 25 muertes no se investigaron en absoluto y solo 11 tuvieron una investigación normal. Se abrieron procesos en 19 casos y cinco acusados fueron absueltos tras su arresto. Human Rights Watch, oct. 1994
La Auditoría Militar no inició procesos en tres casos, y el único proceso abierto contra un capitán del Ejército por la matanza de Jalapa, de diciembre de 1990, se archivó. Human Rights Watch concluyó que la impunidad era la norma, que la falta de respuesta del Estado empujó a las venganzas y que el Estado era responsable por acción y por omisión, aunque no halló un plan maestro de exterminio sino uso excesivo de la fuerza y falta de control. Human Rights Watch, oct. 1994
Un caso de 1990 que quedó sin sentencia: la noche del 28 de octubre, Jean Paul Genie, de 16 años, murió baleado cuando su auto intentó pasar la caravana del jefe del Ejército, Humberto Ortega; el vehículo recibió 51 disparos de fusil AK-47. En julio de 1992 un juez penal ordenó procesar a los ocho escoltas de Ortega y lo acusó de posible encubrimiento; la policía no tuvo acceso a los registros del Ejército sobre vehículos y armas, que según The Christian Science Monitor se quemaron semanas después, y Ortega se negó a ser interrogado. El caso pasó a un tribunal militar y, según el diario, no había sentencia en diciembre de 1992. The Christian Science Monitor, 3 dic. 1992
1993: recompas, recontras y la respuesta del Ejército
En 1993 el norte del país vivió el año más violento de la posguerra. Según la información que recibió la CIDH, unos 1,200 hombres armados operaban allí y en el primer semestre hubo 62 muertes, 44 secuestros y más de 120 ataques a vehículos civiles; el 18 de mayo la presidenta Chamorro suspendió por 30 días algunas garantías en municipios de Nueva Segovia, Madriz y Estelí. CIDH, Informe anual 1993
Human Rights Watch los llama recontras a los excombatientes de la Resistencia que volvieron a las armas y recompas a los exsoldados sandinistas que hicieron lo mismo, ambos por incumplimientos del gobierno en tierras, crédito y vivienda; los «revueltos» son grupos mixtos. Human Rights Watch, oct. 1994
La amnistía de agosto de 1993 cubrió «delitos comunes y políticos conexos» y excluyó, en su texto, los crímenes de lesa humanidad. según HRW se aprobó con 45 votos a favor, 4 en contra y 1 abstención, con la bancada sandinista a favor y los diputados de la UNO retirados; la CIDH la fecha el 17 de agosto, la promulga el 9 de septiembre y señala que dos presuntos autores del asesinato de Arges Sequeira se acogieron a ella tras entregar sus armas. Hombres armados obligaron a un juez de Estelí a liberar a unos 72 presos incluidos falsamente en la amnistía (HRW lo sitúa el 28 de septiembre; la CIDH, en noviembre). HRW sostiene que «una cosa es amnistiar a excombatientes para que depongan las armas, y otra muy distinta extenderla a abusos graves». CIDH, Informe anual 1993 Human Rights Watch, Informe mundial 1994
En octubre de 1993, tras la explosión de un depósito de armas en Managua, se creó una agencia civil de inteligencia, pero Lenín Cerna, señalado por violaciones de derechos humanos y por torturas, fue ascendido a Inspector General del Ejército; el 3 de septiembre una crisis institucional había estallado por la anunciada salida de Humberto Ortega. La CIDH criticó además los decretos 591 y 600 sobre la jurisdicción militar. CIDH, Informe anual 1993 Human Rights Watch, Informe mundial 1994
Los años de Ortega: rearmados y ejecutados
Desde 2011 el Ejército y la Policía reportaron enfrentamientos con «delincuentes» o «rearmados» en Jinotega, Matagalpa, Nueva Segovia y el Caribe Sur. Los conteos varían con el criterio: el CENIDH documentó 22 asesinatos entre 2011 y 2016 (10 rearmados, 5 acompañantes no armados y 7 sin clasificar); Artículo 66 contó 20 enfrentamientos con 51 muertos hasta 2017; y Univision contó 28 supuestos rearmados políticos ejecutados entre 2011 y 2017, y señaló que en los tiroteos las fuerzas uniformadas suelen matar a casi el 90 % de los hombres. Expediente Público, 5 feb. 2020 Artículo 66, 17 nov. 2017 Univision, 30 dic. 2017
Dora María Téllez lo resumió así: «nunca he visto un capturado, ni siquiera herido». La Cruz de Río Grande, Ayapal, Pantasma, Wiwilí, Waslala y Cuscawás se repiten en los registros. Artículo 66, 17 nov. 2017
Después de abril de 2018
CONNECTAS documentó al menos 30 campesinos opositores asesinados entre octubre de 2018 y diciembre de 2019. El Colectivo Nicaragua Nunca+ presentó ante la CIDH una cifra de 55 líderes campesinos asesinados durante el gobierno de Ortega: 25 entre 2008 y 2017, según el CENIDH, y 30 entre enero y septiembre de 2019, 22 de ellos en Jinotega. CONNECTAS, 3 mar. 2020 La Prensa, 25 sep. 2019
La experta en seguridad Elvira Cuadra contó al menos 21 ejecuciones selectivas entre octubre de 2018 y el 15 de julio de 2019. El documental «Nicaragua campesina, la nación ajena», de Expediente Público, suma 234 campesinos asesinados desde 2007, alrededor del 70 % ligado a personas que permanecieron en la Contra, y reconoce un subregistro. Univision, 28 jul. 2019 Confidencial, 2 jul. 2020
Excontras identificados
Los nombres, las fechas y los lugares de más de treinta excombatientes y campesinos muertos entre 1990 y 2021 están en la sección «Excombatientes y campesinos identificados». La lista no es exhaustiva: Expediente Público registra más de 300 asesinatos selectivos de excontras desde 1990, concentrados en Matagalpa, Jinotega, Estelí y Acoyapa. Expediente Público, 5 feb. 2020
Las operaciones del Ejército contra campesinos (2011–2017)
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) documentó 22 asesinatos entre 2011 y 2016 en operaciones del Ejército contra grupos de campesinos armados, en su mayoría excombatientes de la Resistencia: diez de personas identificadas como alzados, cinco de acompañantes desarmados y siete sin clasificar. Las denuncias presentadas al Ministerio Público no tuvieron respuesta. El 20 de enero de 2015, en Pantasma, la explosión de un artefacto mató a tres personas y, según su esposa, militares capturaron y mataron a un campesino que acudió a socorrer a los heridos. El 12 de noviembre de 2017 seis personas murieron en la comunidad San Pablo 22, en La Cruz de Río Grande, entre ellas dos niños y una mujer; la CIDH otorgó medidas cautelares a Elea Valles Aguilar, cuyo esposo y dos hijos, de 16 y 12 años, murieron en el operativo. El Ejército presentó a los muertos como «elementos delincuenciales» en su «Libro Blanco» de 2007–2017 y ninguno de estos hechos ha sido investigado de forma independiente. Informe «El Ejército de la Dictadura Sandinista» (2026), Parte II, sección 1
Los muertos de las elecciones municipales (2012 y 2017)
Según el Cenidh, en las municipales de 2012 hubo tres muertos y 22 heridos: en Ciudad Darío murieron Juan López Artola y Vidal Obando, y en El Jícaro, Ariel Reyes. En las de 2017, el Cenidh contó siete muertos: cuatro en la Costa Caribe (entre ellos Gary Steven Miguel Kitler Chando, Smith Gadea y Brusli Spelman Chow), dos en Yalí (Wilder Moreno y Alejandro Aguilar, partidarios de Ciudadanos por la Libertad, cuyas familias dicen que militantes sandinistas los atacaron con armas de fuego y morteros) y uno en Wiwilí (Elías Pineda Blandón, fiscal del Partido Liberal Constitucionalista, baleado en la cabeza). La OEA habló de cinco muertos. La Prensa, 19 nov. 2017
El contexto de esas elecciones —los fraudes de 2008, 2011 y 2017— está en Consolidación del poder, fraude y corrupción.
Estado de impunidadImpunidad total
Impunidad totalAsesinatos sin esclarecer · Garantías de paz incumplidas · Víctimas presentadas como «delincuentes»
La gran mayoría de los asesinatos de desmovilizados y campesinos permanece sin esclarecer. Las garantías de seguridad pactadas en 1990 nunca se cumplieron plenamente, y no ha existido un mecanismo de verdad ni de reparación para las familias.
En 2018, el Ejército publicó un «Libro Blanco» que incluía a excontras entre los «delincuentes de alta peligrosidad», lo que organizaciones de derechos humanos consideran una forma de justificar las ejecuciones.
Para profundizar
Respaldo documental
- Human Rights Watch/Americas. Nicaragua: Separating Facts from Fiction. Vol. VI, no. 13. New York: Human Rights Watch, octubre de 1994. Disponible en: hrw.org
- Palacio, Yesenia. «Ejecuciones en el campo: la masacre contra los campesinos». CONNECTAS, 3 de marzo de 2020. Disponible en: connectas.org
- Expediente Público. «A 30 años de su desmovilización: la guerra contra los exmiembros de la Resistencia Nicaragüense continúa». Disponible en: expedientepublico.org
- Confidencial. «Ejército guarda silencio sobre la masacre en La Cruz de Río Grande que dejó 6 muertos». 2017. Disponible en: confidencial.digital
- La Prensa. «El exterminio de los contras después de la guerra». 4 de mayo de 2025. Disponible en: laprensani.com
- Human Rights Watch/Americas. Nicaragua: Separating Facts from Fiction (texto completo). Vol. VI, no. 13. Nueva York, octubre de 1994. Disponible en: hrw.org
- Biblioteca del Congreso de EE. UU., División Federal de Investigación. «The Ex-Contras and Recontras». En Nicaragua: A Country Study. Disponible en: countrystudies.us
- La Prensa. «Crimen conmociona». Portada, Managua, 18 de febrero de 1991. Fotografía de archivo.
- Medina, Fabián. «La muerte de Enrique Bermúdez, comandante contrarrevolucionario 3-80». La Prensa Magazine, julio de 2010. Disponible en: laprensani.com
- Artículo 66. «Los rearmados asesinados por el Ejército de Nicaragua». 17 de noviembre de 2017. Disponible en: articulo66.com
- Miranda Aburto, Wilfredo. «“Daniel Ortega manda a matar a la gente de la montaña”». Univision Noticias, 30 de diciembre de 2017. Disponible en: univision.com
- Romero, Elizabeth. «CIDH otorga medidas de protección a Elea Valle». La Prensa, 6 de marzo de 2018. Disponible en: laprensani.com
- Redacción Domingo. «Elea Valle: “Los asesinos de mis hijos son los mismos que asesinaron a los de abril de 2018”». La Prensa, 19 de junio de 2022. Disponible en: laprensani.com
- Expediente Público. «Asesinatos selectivos, emboscadas, torturas, persecución y venganza marcan la historia de los campesinos en Nicaragua». 5 de febrero de 2020. Disponible en: expedientepublico.org
- Expediente Público. «Los Montenegro de Wiwilí, la familia excontra perseguida por el régimen». 6 de enero de 2020. Disponible en: expedientepublico.org
- Expediente Público. «Los Ortiz de Ayapal: otra cacería sandinista contra familia de excontra». 13 de marzo de 2021. Disponible en: expedientepublico.org
- Confidencial. «Ejecuciones en el campo incrementan en la era de Ortega: 234 campesinos asesinados». 2 de julio de 2020. Disponible en: confidencial.digital
- Navas, Lucía. «55 líderes campesinos han sido asesinados durante el régimen de Daniel Ortega». La Prensa, 25 de septiembre de 2019. Disponible en: laprensani.com
- Miranda Aburto, Wilfredo. «Las ejecuciones selectivas, la silenciosa nueva etapa de la represión en Nicaragua». Univision Noticias, 28 de julio de 2019. Disponible en: univision.com
- Romero, Elízabeth. «Temor en comarcas de Ciudad Antigua». La Prensa, 14 de noviembre de 2016, y Aragón, William. «Familiares y amigos recuerdan a los tres campesinos asesinados en 2016 en Ciudad Antigua». La Prensa, 6 de noviembre de 2019. Disponibles en: 2016 · 2019
- Medina, Fabián. «El Carrizo: rencor, miedo y pobreza». La Prensa, 16 de noviembre de 2014, y «Siento que con este fallo es fácil matar», 1 de marzo de 2012. Disponibles en: 2014 · 2012
- Ramírez, Hans Lawrence. «Los excontras asesinados en Honduras». La Prensa Domingo, 10 de septiembre de 2023. Disponible en: laprensani.com
- La Prensa. «Asesinatos». Columna de opinión, 23 de junio de 2025. Disponible en: laprensani.com
- Palacio, Yesenia. «Ejecuciones en el campo: la masacre contra los campesinos». CONNECTAS, 3 de marzo de 2020. Disponible en: connectas.org
Citas en formato Chicago, 17.ª edición. Los documentos enlazados son de acceso abierto; los que no tienen enlace se encuentran en archivos físicos de las instituciones indicadas o están disponibles bajo solicitud.
Cronología de los hechos
- Marzo – junio de 1990
La desmovilización
Tras los acuerdos de Toncontín y del 18 de abril, entre 18,000 y 20,000 combatientes de la Resistencia entregan las armas en enclaves de seguridad bajo protección de la ONU y la verificación de la OEA. Reciben ropa civil, herramientas, US$50 y la promesa de tierra.
Fuentes: Biblioteca del Congreso de EE. UU.
- Diciembre de 1990
La matanza de Jalapa
Once excontras y simpatizantes mueren en Jalapa. La Auditoría Militar inicia un proceso contra un capitán del Ejército, que se archiva. Es uno de los casos que la Comisión Tripartita dejó sin consenso al cierre de su informe.
Fuentes: Human Rights Watch, oct. 1994
- 16 – 17 de febrero de 1991
El asesinato de Enrique Bermúdez
El comandante en jefe militar de la Resistencia, Enrique Bermúdez, «Comandante 3-80», es asesinado en el estacionamiento del Hotel Intercontinental de Managua, entre la noche del sábado y la madrugada del domingo. Murió de disparos en la cabeza. Centenares de personas llenan la Iglesia El Carmen en su velatorio; el cardenal Obando dice que le dispararon «sin asco».
Fuentes: La Prensa, 18 feb. 1991 Human Rights Watch, oct. 1994 La Prensa Magazine, jul. 2010
- 1990 – 1994
Los muertos de la CIAV y la Comisión Tripartita
La CIAV-OEA registra 245 excontras muertos entre junio de 1990 y julio de 1994: 34 en el último trimestre de 1990, 128 en 1991–1992, 50 en 1993 y 13 en el primer semestre de 1994. Un acta de agosto de 1992 entre el gobierno y la CIAV negaba la existencia de un «plan de exterminio», mientras el informe Helms hablaba de 217 asesinatos en una campaña sistemática.
La Comisión Tripartita, creada el 2 de octubre de 1992, entrega informes el 15 de febrero, el 3 de junio y el 13 de diciembre de 1993. Revisa 42 casos con 75 víctimas y concluye que en el 76 % de las muertes la investigación fue negligente o encubridora. Su contrainteligencia militar entregó informes «insuficientes» e «inaceptables», según HRW. El general Humberto Ortega calificó el informe de «negativo y sesgado». En todos los casos con policías o militares como autores hubo negligencia o encubrimiento.
De esas 75 muertes, la Comisión atribuyó 31 al Ejército y la Policía (hasta diciembre de 1993), otras 31 a civiles, 9 a recontras y 3 a autores desconocidos.
Fuentes: Human Rights Watch, oct. 1994
- Julio – noviembre de 1993
Estelí, Quilalí y la toma de la UNO: los rearmados de 1993
El 21 de julio, unos 150 «recompas» —exsoldados del Ejército Popular Sandinista— agrupados en el Frente Revolucionario de Obreros y Campesinos y dirigidos por el exmayor Víctor Manuel Gallego, «Pedrito el hondureño», sitian Estelí y piden créditos, tierras, empleo y salud. El Ejército recupera la ciudad al día siguiente. La CIDH cuenta 22 muertos, 98 heridos y 9 desaparecidos; Human Rights Watch habla de más de 20 muertos y critica tanto la presencia de combatientes en el hospital como la respuesta del Ejército, que puso en riesgo a civiles. CIDH, Informe anual 1993 Human Rights Watch, oct. 1994
El 19 de agosto, recontras del Frente Norte 3-80, bajo José Ángel Talavera, «El Chacal», secuestran en Quilalí a una comisión de unas 38 personas, con los diputados sandinistas Carlos Gallo y Doris Tijerino. Al día siguiente, recompas toman la sede de la UNO en Managua y retienen a unas 50 personas, entre ellas el vicepresidente Virgilio Godoy. Los rehenes salen libres el 26 de agosto tras negociaciones con la Iglesia, la CIDH, el Gobierno y el FSLN. CIDH, Informe anual 1993
El 31 de agosto y el 1 de septiembre, una patrulla de la Policía y el Ejército deja muertos en San Ramón, Matagalpa: según HRW, dos recompas murieron tras ser capturados y tres civiles murieron. A mediados de octubre El Chacal rompe las negociaciones y el Ejército lanza una campaña contra los recontras; a mediados de noviembre, cuatro helicópteros del Ejército bombardean comunidades de Murra, en Nueva Segovia, y sus habitantes huyen a Honduras, según la CIDH. CIDH, Informe anual 1993 Human Rights Watch, Informe mundial 1994
Fuentes: CIDH, Informe anual 1993 Human Rights Watch, Informe mundial 1994
- 2011 – 2017
El retorno de las ejecuciones
El 14 de febrero de 2011 es emboscado en Santa Teresa de Kilambé José Gabriel Garmendia, «Yahob», exsegundo jefe de las tropas especiales de la Contra. Siguen «Pablo Negro» (2012), «Cascabel» (2013), «Comandante Naval» (2014), «Cinco Pinos» (2015), «Comandante Invisible» (2016) y «Waina» (2017). Artículo 66 cuenta 20 enfrentamientos y 51 muertos; el CENIDH documenta 22 asesinatos entre 2011 y 2016.
De esos 22 asesinatos, 10 eran rearmados, 5 acompañantes no armados y 7 sin clasificar.
De esos 51 muertos en 20 enfrentamientos, 42 eran rearmados, 7 policías y militares y 2 civiles, una de ellas una adolescente de 14 años.
Fuentes: Artículo 66, 17 nov. 2017 Univision, 30 dic. 2017 Expediente Público, 5 feb. 2020 La Prensa, 16 nov. 2014
- 6 de noviembre de 2016
Cerro El Mojón
El día de las elecciones municipales mueren en Ciudad Antigua, Nueva Segovia, José Nahúm Mendoza, Margarito Mendoza y Armando López. Sus allegados dicen que soldados los persiguieron, torturaron y mataron; la Policía habló de narcotraficantes hondureños. El Ministerio Público de Ocotal archivó el caso.
6 de noviembre de 2016 · Cerro El Mojón, Ciudad Antigua — Los tres campesinos de Nueva Segovia. El día de las elecciones municipales fueron asesinados José Nahúm Mendoza, Margarito Mendoza y Armando López, este último excombatiente de la Resistencia. Familiares y excombatientes dicen que los torturaron, los dispararon a corta distancia y los apuñalaron; un delegado de la Palabra de Dios de La Magdalena afirma que los militares entraron a la comunidad el sábado y actuaron el domingo. La Policía y el Ejército dijeron que se trataba de narcotraficantes hondureños. Los familiares lo rechazan: «Jamás subieron al cerro», dijo un excompañero. La delegación del Ministerio Público en Ocotal archivó el caso por una supuesta venganza entre bandas.
- 12 de noviembre de 2017
La masacre de San Pablo 22
Un operativo del Ejército en La Cruz de Río Grande deja seis muertos: el excontra Francisco Pérez «El Charrito», su hermano Rafael Pérez, «comandante Colocho», y dos hijos de Elea Valle, de 16 y 12 años. El Ejército habló de un enfrentamiento con delincuentes. El 24 de febrero de 2018 la CIDH dicta medidas de protección a favor de Elea Valle.
Fuentes: Univision, 30 dic. 2017 Artículo 66, 17 nov. 2017 La Prensa, 6 mar. 2018
- Octubre de 2018 – 2019
Las ejecuciones después de la rebelión
Al menos 30 campesinos opositores son asesinados entre octubre de 2018 y diciembre de 2019, 18 de ellos en El Cuá, San José de Bocay y Wiwilí. Entre las víctimas, Donald Fernando Rivera Rizo, hallado con dos disparos en la cabeza junto al río Bocay, y Néstor Uriel Aráuz Moncada, interceptado y baleado en Wiwilí. En 2019 mueren cuatro integrantes de la familia Montenegro de Wiwilí.
2019 · Wiwilí, El Cuá y Trojes (Honduras) — Los Montenegro de Wiwilí. Ángela Centeno y Viviano Montenegro Herrera criaron a ocho hijos y cuatro hijas en Wiwilí. Edgard, Byron e Iván Montenegro se integraron a la Resistencia en los años ochenta. Tras la desmovilización, la familia sufrió acoso y vigilancia, que según Expediente Público se intensificó después de 2011. En 2019 fueron asesinados cuatro integrantes de la familia o allegados: Oliver Montenegro, el 23 de enero, en su finca; Edgard Montenegro, «Cabezón», excomandante de la Resistencia, y su hijo adoptivo Yalmar Zeledón, el 27 de junio, en Trojes, Honduras, donde estaban exiliados, baleados por la espalda; y Francisco Blandón Herrera, esposo de Thelma Montenegro, el 27 de agosto en Maleconcito, Wiwilí. En septiembre de 2018 la Policía había acusado a Edgard de liderar una banda y de matar al paramilitar Héctor Moreno Centeno. Los sobrevivientes viven escondidos. Byron Montenegro dice que para ellos es «esta guerra silenciosa». La Policía declinó investigar la muerte de Oliver, según la familia.
Según Univision (28 de julio de 2019), la experta Elvira Cuadra cuenta al menos 21 ejecuciones selectivas entre octubre de 2018 y el 15 de julio de 2019.
Fuentes: CONNECTAS, 3 mar. 2020 Expediente Público, 6 ene. 2020 Univision, 28 jul. 2019 La Prensa, 25 sep. 2019 La Prensa, 10 sep. 2023
- 2020 – 2021
Excontras en Honduras y en Ayapal
El 6 de diciembre de 2020 es asesinado en Trojes, Honduras, Gerardo de Jesús Gutiérrez, «El Flaco». El 9 de marzo de 2021 mueren a tiros en Ayapal Ceferino Ortiz, «Sargento», líder de las Fuerzas Democráticas 3-80. En julio de 2021 Elea Valle huye a Costa Rica; nunca recuperó los cuerpos de sus hijos.
2011 – 2021 · Ayapal, San José de Bocay — Los Ortiz de Ayapal. En 2011 fueron asesinados Miguel y Alfredo Polanco Ortiz, hijos de Verónica Ortiz Duarte, exfiscal y exconcejal del PLI. Su hermano Ceferino Ortiz, «Sargento», excontra con cinco años en la Resistencia y líder de las Fuerzas Democráticas 3-80, huyó a Honduras. En enero de 2012 fue ejecutado en la frontera Santos Joya, «Pablo Negro»; Ceferino fue preso al regresar y pasó 15 meses encarcelado. El 22 de febrero de 2021 una emboscada lo hirió en la casa de su hermana. El 9 de marzo lo mataron. Sus sobrinos Yerling Cruz Ortiz y Juan Gabriel Polanco Ortiz están presos en Matagalpa. Su familia responsabiliza a la Policía, al Ejército y a sandinistas locales.
2012 – 2020 · Trojes y El Paraíso, Honduras — Los excontras asesinados en Honduras. Del lado hondureño de la frontera murieron «Pablo Negro» (2012), «Flaco Midence» (2013), Byron López Zeledón (2015), Edgard Montenegro y Yalmar Zeledón (2019), Francisco Sobalvarro, «Berman» (2019) y Gerardo de Jesús Gutiérrez, «El Flaco» (2020). Ningún grupo se atribuyó los crímenes y La Prensa registra que ni Honduras ni Nicaragua los han investigado.
El documental de Expediente Público «Nicaragua campesina, la nación ajena» (2020) suma 234 campesinos asesinados desde 2007, cerca del 70 % ligados a personas que permanecieron en la Contra, y reconoce que hay casos sin investigar en las comunidades.
Fuentes: La Prensa, 10 sep. 2023 Expediente Público, 13 mar. 2021 La Prensa, 19 jun. 2022 Confidencial, 2 jul. 2020
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Casos emblemáticos
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Enrique Bermúdez Varela, «Comandante 3-80»
Excoronel de la Guardia Nacional y comandante en jefe de las fuerzas militares de la Resistencia, Bermúdez había vuelto a la vida civil tras la derrota electoral del FSLN. Murió de disparos en la cabeza en el estacionamiento del Hotel Intercontinental de Managua. La Prensa publicó su caso en portada con el titular «Crimen conmociona».
Human Rights Watch no halló sospechosos identificados al cierre de su informe de 1994. La Prensa Magazine tuvo acceso al archivo completo del «caso 3-80» y recoge a alguien que lo llamó «la peor investigación de un asesinato en toda la historia». Los sandinistas sostuvieron que lo mataron contras descontentos; el crimen sigue sin esclarecerse.
La familia de Elea Valle
El 10 de noviembre, Yojeisel Elízabeth Pérez Valle, de 16 años, y Francisco Alexander, de 12, salieron de su casa hacia San Pablo 22, donde acampaba su padre, Francisco Pérez «El Charrito», excontra y hermano del «comandante Colocho», Rafael Pérez Dávila. Dos días después, hacia las cinco de la mañana, el Ejército atacó el campamento. Murieron seis personas.
El Ejército habló de un enfrentamiento con delincuentes y reportó cuatro fusiles AK-47, dos escopetas y 20 libras de marihuana. Elea Valle sostiene que los soldados mataron a sus hijos tras capturarlos y denuncia torturas y mutilaciones; el CENIDH habló de ejecuciones extrajudiciales. El general retirado Hugo Torres dijo que lo que vieron fue una familia «prácticamente exterminada».
Los cuerpos fueron a una fosa común. Elea Valle fue cuatro veces a la Policía a pedir la exhumación y no recibió respuesta. La CIDH le otorgó medidas de protección el 24 de febrero de 2018. En julio de 2021 huyó a Costa Rica con sus tres hijos menores; en San Carlos la detuvieron brevemente militares. El caso sigue impune.
La masacre de la familia Tórrez
Dos días después de las elecciones, unos sesenta simpatizantes sandinistas llegaron en dos camionetas a El Carrizo, Madriz. Entre sus líderes estaban el jefe de la Policía de Cusmapa, el delegado del Consejo Electoral y el secretario político del FSLN; cuatro policías participaron. Murieron Mercedes Torres y sus hijos Elmer y Josué; José Francisco y Moisés resultaron heridos.
El juez Erick Laguna condenó a cuatro de los seis acusados a unos tres años de prisión, por debajo del mínimo legal para homicidio, y tomó la embriaguez como atenuante. La viuda, Irinea Mejía, dijo: «Siento que con este fallo es fácil matar». El CENIDH calificó la sentencia de «política y aberrante».
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Enviar informaciónExcombatientes y campesinos identificados
Nombre, fecha y lugar de cada caso, con la fuente que lo registra. Las versiones oficiales y las de las familias se indican por separado.
1990 – 1994 · Desmovilizados de la Resistencia6 registros
Los casos con nombre que documentaron la Comisión Tripartita y Human Rights Watch.
Comandante en jefe militar de la Resistencia. Asesinado en el estacionamiento del Hotel Intercontinental.
Once excontras y simpatizantes muertos. El proceso contra un capitán del Ejército se archivó.
Murió en una acción de una patrulla del Ejército y la Policía; la Comisión lo calificó de «exceso en el ejercicio de la autoridad».
Baleado por la espalda al salir de su casa.
Ejecutado tras ser capturado por la Policía, según HRW.
La Policía y el Ejército usaron fuerza desproporcionada.
2011 – 2017 · Rearmados y excombatientes19 registros
Las versiones del Ejército y la Policía hablan de enfrentamientos con delincuentes; las familias y las organizaciones de derechos humanos hablan de ejecuciones.
Exsegundo jefe de las tropas especiales de la Contra. Emboscado; la Policía y el Ejército negaron participación.
Líder de un grupo de excontras rearmados; hallado con señales de tortura.
Murió días después de difundir un video en el que declaraba su alzamiento, en una operación del Ejército.
Ejecutados durante un ataque del Ejército.
Tenía 44 años y cinco heridas de bala en el pecho; en la escena había seis casquillos calibre .380.
Murió en un enfrentamiento con el Ejército, en el que murieron también dos soldados y una adolescente de 14 años.
Abatido por una tropa combinada del Ejército y la Policía.
Productor torturado y asesinado; sus familiares acusan al Ejército. Ese día murió también Víctor Manuel Cruz Lira, «Sereno», por una mochila bomba.
Murió en un enfrentamiento con la Policía; Pablo Díaz fue torturado y asesinado en el mismo operativo.
Campesino, militante del PLI y excontra. Secuestrado y hallado muerto horas después de haber denunciado el acoso del Ejército.
Emboscado y muerto por tropas del Ejército, según Univision.
Armando López era excombatiente de la Resistencia. Las familias acusan al Ejército; el Ministerio Público archivó el caso.
Murió en un intercambio de disparos con soldados, trece días después de la muerte de su hijo Saúl Palacios y de Bismarck Duarte en una acción del Ejército.
Tenía 51 años y era miembro de la Resistencia. Murió con un compañero en un enfrentamiento con el Ejército.
Hermanos y excombatientes. Murieron en la masacre en que también murieron dos hijos de Elea Valle.
Hija de Elea Valle. Había salido de su casa el 10 de noviembre hacia San Pablo 22, donde acampaba su padre. La familia denuncia que su cuerpo presentaba signos de violencia; el Instituto de Medicina Legal dijo que los cuerpos exhumados solo tenían heridas de bala. Los restos se enterraron en una fosa común sin la familia.
Hijo de Elea Valle. El Ejército presentó a los seis muertos como «elementos delincuenciales»; la familia sostiene que no andaban armados. La CIDH dictó medidas de protección a favor de su madre el 24 de febrero de 2018.
Uno de los seis muertos de la masacre, según Expediente Público.
Una de las seis personas muertas en el operativo, según Expediente Público.
2018 – 2021 · Después de la rebelión7 registros
Muertos de la familia Montenegro, excontras de Honduras y de Ayapal.
Caficultor de 44 años, hermano de Edgard. Emboscado y asesinado; la familia señala a un paramilitar sandinista.
Excomandante de la Resistencia, exiliado. Baleado por la espalda.
Hijo adoptivo de Edgard; asesinado con él.
Exguerrillero de la Contra; asesinado en su casa.
Esposo de Thelma Montenegro; baleado por un hombre en motocicleta.
Tenía 56 años y 12 heridas de bala.
Cinco años en la Resistencia y líder de las Fuerzas Democráticas 3-80. Su familia culpa a la Policía y al Ejército.
Lo que dicen los informes
Lo que han documentado organismos oficiales y de derechos humanos.
Registra 245 excontras muertos entre 1990 y 1994, analiza los 75 casos de la Comisión Tripartita y concluye que la impunidad fue la norma y que el Estado fue responsable por acción y por omisión. Recomienda revisar los casos cerrados por la Auditoría Militar y mantener un comité de seguimiento.
Describe el deterioro de 1993: la toma de Estelí (22 muertos, 98 heridos y 9 desaparecidos), los secuestros de Quilalí y Managua, la amnistía y la impunidad de casos como los de Enrique Bermúdez y Arges Sequeira. Cuestiona el ascenso de Lenín Cerna y los decretos de jurisdicción militar.
Atribuye unas 31 de 75 muertes al Ejército y la Policía, halla negligencia o encubrimiento en el 76 % de las investigaciones y critica los informes de contrainteligencia del Ejército por «insuficientes» e «inaceptables».
Cuenta unos 35 excontras muertos antes de que se anunciara el rearme y 52 asesinatos verificados por la OEA en el primer año de desmovilización, y recoge que la policía manejó con negligencia o encubrimiento el caso Bermúdez.
Documenta 22 asesinatos de campesinos: 10 rearmados, 5 acompañantes no armados y 7 sin clasificar.
Considera que Elea Valle, madre de dos de las seis víctimas de San Pablo 22, está «en una situación de grave riesgo» y da 15 días al Estado para informar sobre las medidas.
Cuenta 55 líderes campesinos asesinados durante el gobierno de Ortega: 25 entre 2008 y 2017, según el CENIDH, y 30 entre enero y septiembre de 2019, 22 de ellos en Jinotega.
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