Museo Virtual / Episodio
Represión civil de los años ochenta
1979 – 1990 · Managua, Tipitapa, Granada, Jinotega, Matagalpa, Estelí, Chontales y todo el país
- Seguridad del Estado
- Presos políticos
- Tribunales de excepción
- Censura de prensa y radio
- Turbas divinas y CDS
Desde julio de 1979 el gobierno sandinista levantó un aparato de control sobre la población civil: la Dirección General de Seguridad del Estado del Ministerio del Interior, cárceles de interrogatorio como El Chipote, tribunales de excepción, leyes que castigaban la crítica, censura previa de la prensa y la radio, Comités de Defensa Sandinista en cada barrio y turbas contra los opositores. La CIDH recibió denuncias de ejecuciones, desapariciones y torturas, y en 2025 la Corte Interamericana declaró a Nicaragua responsable de la desaparición forzada de un preso a manos de la Seguridad del Estado en 1983. En marzo de 1990, antes de entregar el poder, la Asamblea sandinista amnistió a los militares y civiles que cometieron delitos en la persecución de opositores.
Cifras de víctimas y daños
Contexto histórico
El Ministerio del Interior (MINT), a cargo de Tomás Borge desde 1979, reunía la policía, las cárceles, la oficina de censura y la Dirección General de Seguridad del Estado (DGSE), la policía política. La DGSE la dirigió Lenín Cerna de 1981 a marzo de 1988, según la BBC citada por el Servicio de Inmigración y Refugiados de Canadá; Luis Carrión fue primer viceministro del Interior de 1980 a 1988. Según La Prensa, que cita archivos desclasificados en Alemania, al menos 50 especialistas de la Stasi, la policía política de Alemania Oriental, formaron a 136 agentes de la DGSE. IRB de Canadá, 1997 Wikipedia · Luis Carrión Cruz La Prensa, 5 nov. 2011
Las víctimas no fueron solo exguardias somocistas. Hubo empresarios, dirigentes de partidos de oposición y también de izquierda, sindicalistas, periodistas, defensores de derechos humanos y campesinos acusados de colaborar con la Contra. Amnistía Internacional declaró presos de conciencia en 1981 a dirigentes del COSEP y del Partido Comunista de Nicaragua, y la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), la única organización independiente, fue obligada en 1985 a someter sus informes a la censura. Amnistía Internacional, dic. 1981 Jaime Chamorro, Frente a dos dictaduras (1987)
Sigue el contexto
El exilio que empujó esta represión se cuenta en Primer exilio; la persecución a las iglesias, en Persecución a la Iglesia; y las operaciones fuera del país, en Represión transnacional.
Las ejecuciones de las primeras semanas
Tras la rendición se detuvo a los guardias que se habían refugiado en la Cruz Roja y en otros lugares, aunque la Junta había anunciado que no buscaba venganza contra quienes no hubieran participado en crímenes graves. La CIDH, que visitó el país en 1980, concluyó que en las semanas posteriores al triunfo hubo ejecuciones ilegales que violaron el derecho a la vida, que no fueron investigadas y que sus responsables no fueron castigados. Casi todos los casos son de julio de 1979; la Comisión recibió denuncias de Granada, León, Rama, Estelí, Sébaco, Matagalpa, Masaya, Masatepe, Chinandega y Nueva Guinea, y su informe no da un total. CIDH, informe de 1981 · cap. II CIDH, informe de 1981 · cap. III
Los dirigentes lo reconocieron ante la Comisión. Tomás Borge dijo que en los primeros meses de la revolución no hubo control sobre nada; Rafael Córdova Rivas, que el gobierno reconocía que hubo excesos que no trataba de justificar; Moisés Hassan, que muchas personas se tomaron la venganza por su cuenta. El 28 de julio de 1979, en rueda de prensa en Managua, Borge había dicho que la pena de muerte quedaba enterrada para siempre en Nicaragua; el Estatuto de Derechos y Garantías la abolió en su artículo 5. CIDH, informe de 1981 · cap. II
El caso mejor documentado es el de la cárcel de La Pólvora, en Granada. Según los testigos que recogió la CIDH, a las once de la noche del 26 de julio de 1979 un camión sacó a unos 50 presos y los fusiló cerca del lago. En marzo de 1980, sus familiares enviaron una carta con 24 nombres de presos que daban por ejecutados y advirtieron que los desaparecidos podían ser varios cientos; durante su visita la Comisión recibió además el nombre de seis desaparecidos. Los 30 nombres están en la sección «Víctimas identificadas». CIDH, informe de 1981 · cap. II La CIDH registró además otros testimonios de ejecuciones en julio de 1979 en Nueva Guinea (unos 20 presos, según vecinos), León, Rama, Estelí, Sébaco, Matagalpa, Chinandega, Masatepe, Masaya y Somoto, y concluyó que ocurrieron ejecuciones ilegales que no fueron investigadas ni sancionadas, aunque no halló una política deliberada de matar a los opositores. Informó también que en junio de 1981 soldados mataron a 16 presos en la cárcel de Nueva Guinea y que investigaba los hechos. CIDH, informe de 1981 · cap. II
Presos y Tribunales Especiales
Según la CIDH, había 6,310 presos de la Guardia Nacional al triunfo de la revolución y llegó a haber 6,500 personas detenidas. El Decreto 23, del 7 de agosto de 1979, creó los Tribunales Especiales de Emergencia; cuando cerraron, 4,331 presos habían sido condenados. Borge explicó a la Comisión que, cuando se fundó el Ministerio del Interior, no había jueces ni tribunales, y que no existía Corte Suprema. El 10 de diciembre de 1980, el Decreto 589 indultó a 503 detenidos. CIDH, informe de 1981 · cap. II CIDH, informe de 1981 · cap. III
Las leyes de excepción
El mismo 20 de julio de 1979, el Decreto 5, Ley sobre el Mantenimiento del Orden y la Seguridad Pública, castigó con tres meses a dos años de obras públicas «difundir verbalmente o por escrito expresiones, proclamas o manifiestos que pretendan lesionar los intereses populares y abolir las conquistas logradas por el pueblo», y creó los Tribunales Especiales de Emergencia. El Decreto 48, Ley General sobre Medios de Comunicación Social, exigió que las críticas a las funciones públicas se cimentaran «en la prosecución de fines constructivos». Decreto 5, 1979 Decreto 34, 1979 Decreto 48, 1979
El 15 de marzo de 1982, el Decreto 996, Ley de Emergencia Nacional, firmado por Daniel Ortega, Sergio Ramírez y Rafael Córdova Rivas, suspendió en todo el territorio los derechos y garantías del Estatuto de 1979 por treinta días prorrogables. La suspensión se renovó durante casi seis años. El Decreto 1074, de junio de 1982, reordenó la Ley de Mantenimiento del Orden con penas de cinco a treinta años de prisión para los delitos contra la seguridad pública. Decreto 996, 1982 Decreto 1074, 1982
El 11 de abril de 1983, el Decreto 1233 creó los Tribunales Populares Antisomocistas, con sede en Managua y competencia en todo el país, para juzgar esos delitos. Sus tres miembros los designaba la Junta de Gobierno, solo el presidente debía ser abogado y contra la sentencia de apelación no cabía «ningún recurso ordinario ni extraordinario». El Departamento de Estado registró 995 procesados hasta el 31 de octubre de 1985 y, según la CPDH, un 90 % de condenas, con penas de tres a treinta años. La CIDH lamentó en 1987 que la nueva Constitución los mantuviera. Decreto 1233, 1983 Dpto. de Estado de EE. UU., informe de 1985 CIDH, informe anual 1986-87
El 15 de octubre de 1985 la emergencia se amplió: se suspendieron el hábeas corpus para los acusados de actividad política subversiva, el derecho de huelga, la libre circulación y la inviolabilidad de la correspondencia y del domicilio. La Constitución de enero de 1987 permitió suspender el amparo y el hábeas corpus durante una emergencia, algo que la CIDH consideró contrario a la Convención Americana. El 19 de enero de 1988, tras la reunión de presidentes centroamericanos en San José, se levantó el estado de emergencia y el Decreto 296 disolvió los Tribunales Populares. Dpto. de Estado de EE. UU., informe de 1985 CIDH, informe anual 1986-87 CIDH, informe anual 1987-88
La Seguridad del Estado y sus cárceles
La Dirección General de Seguridad del Estado (DGSE) tuvo como director general a Lenín Cerna de 1981 a marzo de 1988, según la BBC citada por el Servicio de Inmigración y Refugiados de Canadá. Human Rights Watch/Americas informó en agosto de 1988 de que miembros de la DGSE maltrataban a los detenidos con privación de comida y agua y descargas eléctricas. IRB de Canadá, 1997
El Departamento de Estado estimaba en 1985 que el gobierno reconocía unos 5,000 presos, entre ellos unos 2,000 exguardias, mientras que la Comisión Permanente de Derechos Humanos y el Comité Internacional de la Cruz Roja calculaban entre 7,500 y 10,000 presos políticos. Dpto. de Estado de EE. UU., informe de 1985
Según el mismo informe del Departamento de Estado, el principal centro de interrogatorio era El Chipote, en Managua, donde los detenidos pasaban incomunicados semanas o meses; había nueve cárceles de interrogatorio conocidas del Ministerio del Interior, entre ellas La Barranca, en Estelí, y La Perrera, en Matagalpa, y varias clandestinas. Los métodos denunciados incluían permanecer dos o tres días de pie en barriles de agua fría, simulacros de ejecución y privación de sueño y de comida. El informe señala al jefe de la Seguridad del Estado, Lenín Cerna, como participante personal en la tortura de un detenido. Dpto. de Estado de EE. UU., informe de 1985
La CIDH tramitó casos con nombre. A la familia de Pastor Cruz Herrera, agricultor de San Rafael del Norte (Jinotega), le dijeron en junio de 1983 que estaba en Las Tejas, cárcel de la Seguridad del Estado, y nunca más se supo de él. José Esteban Lazo Morales, ganadero de San Pedro de Lóvago (Chontales), fue detenido la noche del 13 de noviembre de 1983 y su cuerpo fue devuelto cinco días después en un ataúd atornillado, con fracturas y heridas. Reynaldo Aguado Montealegre pasó unos 30 días incomunicado en El Chipote en 1986 y fue condenado a 30 años con una confesión que la Comisión consideró sin validez. En los tres casos la CIDH declaró violados sus derechos. CIDH, caso 9289 (1986) CIDH, caso 9367 (1986) CIDH, caso 10.198 (1989)
En enero de 1988 una delegación de la CIDH visitó La Modelo de Tipitapa, el centro de mujeres La Esperanza y El Chipote. Las cifras de presos no coincidían: el censo de la Cruz Roja Internacional de febrero sumaba 1,822 condenados por los Tribunales Especiales y 1,532 por delitos contra la seguridad del Estado; la CPDH contaba en junio no menos de 6,200 acusados de contrarrevolución y unos 2,000 de pertenecer a la Guardia. CIDH, informe anual 1987-88
Álvaro Baldizón, teniente del Ministerio del Interior e investigador de una comisión especial del ministerio, desertó en 1985 y declaró ante el Departamento de Estado que las «medidas especiales» —tortura y asesinato sin juicio— necesitaban la autorización de Tomás Borge o de su primer viceministro, Luis Carrión. Son afirmaciones de un desertor que ningún tribunal ha examinado. La Prensa, 18 feb. 2024 Dpto. de Estado de EE. UU., informe de 1985
Los asesinatos de campesinos en las zonas de guerra, atribuidos a agentes del Ejército y de la Seguridad del Estado entre 1983 y 1989, se cuentan en Servicio militar obligatorio y guerra civil.
La censura de prensa y radio
Desde septiembre de 1980, el Decreto 511 prohibió a los medios divulgar enfrentamientos armados, atentados contra funcionarios y noticias semejantes si antes no las verificaban la Junta o los ministerios del Interior o de Defensa, y el Decreto 512 hizo lo mismo con las noticias económicas. El coordinador de los medios pasaba las infracciones al Ministerio de Justicia para su castigo penal. Decreto 511, 1980 Decreto 512, 1980
El 15 de marzo de 1982 se declaró el estado de emergencia y se cerraron noticieros independientes. En 1982 fuerzas sandinistas ocuparon La Prensa tres veces y las turbas la rodearon continuamente; según Jaime Chamorro, las turbas atacaron una y otra vez la sede y las casas de dueños y empleados, y fuerzas de seguridad ocuparon el diario durante tres días. Los decretos 511 y 512, del 27 de agosto de 1980 según la CIDH, ya habían creado la censura previa en asuntos de seguridad nacional. Wikipedia · La Prensa (Managua) Jaime Chamorro, Commentary CIDH, informe de 1981 · cap. VI
Según Jaime Chamorro, de La Prensa, entre enero y febrero de 1982 la censora Vilma Auxiliadora Reyes suspendió nueve radioperiódicos y cerró dos emisoras, y con la emergencia de marzo quedaron fuera del aire los 24 radioperiódicos de siete emisoras independientes. La nueva censora, la teniente Nelba Cecilia Blandón, ordenó a todas las radios encadenarse cada seis horas con el noticiero oficial. Para 1983, dice, el 63 % de las emisoras estaba bajo control del Estado y todas bajo censura previa. El Departamento de Estado contó 21 noticieros de radio independientes sacados del aire desde 1982 y estimó que el gobierno poseía dos tercios de las emisoras. Jaime Chamorro, Frente a dos dictaduras (1987) Dpto. de Estado de EE. UU., informe de 1985
La Prensa midió la censura desde febrero de 1984. Según Jaime Chamorro, el censor suprimió en promedio el 36.98 % del material en 27 meses, con picos del 80 % tras el decreto del 15 de octubre de 1985, y el diario no pudo salir 40 veces en cuatro años porque lo aprobado no alcanzaba para llenarlo. El Departamento de Estado estimó un 40 % antes de ese decreto y un 80 % después. La censura alcanzó también los sermones, desde abril de 1983 según Chamorro, y en noviembre de 1985 los informes mensuales de la CPDH. Jaime Chamorro, Frente a dos dictaduras (1987) Dpto. de Estado de EE. UU., informe de 1985
Turbas divinas y Comités de Defensa Sandinista
Los Comités de Defensa Sandinista funcionaban como una red de vigilancia barrial. El Departamento de Estado de EE. UU. los describía en 1985 como los «ojos y oídos de la revolución» que controlaban la distribución de las tarjetas de racionamiento y cuya carta de recomendación decidía, a menudo, el acceso a la salud pública, a los registros públicos y al empleo. Dpto. de Estado de EE. UU., informe de 1985
Las turbas divinas, grupos movilizados por el FSLN, atacaron emisoras, iglesias y hogares de opositores; la violencia, la censura y las confiscaciones empujaron al exilio a empresarios, periodistas y clérigos con nombre propio.
El 14 y 15 de marzo de 1981 turbas atacaron tres emisoras y edificios donde se preparaban mítines opositores; en Nandaime, Alfonso Robelo, del Movimiento Democrático Nicaragüense, denunció que el ataque era programado por el gobierno, y la casa de Eduardo Fonseca Pasos, representante del MDN, fue incendiada. Radio Mi Preferida quedó fuera del aire. CS Monitor, 17 mar. 1981
El 17 de enero de 1982, según Jaime Chamorro, tres pistoleros golpearon e intentaron secuestrar a Manuel Jirón, dueño de dos emisoras destruidas y confiscadas, que tuvo que asilarse poco después. Jaime Chamorro, Frente a dos dictaduras (1987)
Presos de conciencia, defensores y opositores
El 21 de octubre de 1981 fueron detenidos siete dirigentes: tres del COSEP, entre ellos su presidente, Enrique Dreyfus, por un comunicado del día anterior que acusaba al gobierno de llevar al país al desastre con una «aventura marxista-leninista», y Eli Altamirano, secretario general del Partido Comunista de Nicaragua, con tres miembros de su partido y de su central sindical. A comienzos de noviembre fueron condenados a siete meses de cárcel, y Amnistía Internacional los declaró presos de conciencia. Amnistía Internacional, dic. 1981
El 15 de agosto de 1987 la policía detuvo a Lino Hernández, secretario ejecutivo de la CPDH, y a Alberto Saborío, presidente del Colegio de Abogados de Managua, al impedir una marcha de la Coordinadora Democrática; un juez de policía los condenó a 30 días. Ese año se formó el Comité de Madres de Presos Políticos 22 de Enero, cuyas dirigentes denunciaron presiones del gobierno. CIDH, informe anual 1986-87
El 4 de mayo de 1988 varios medios informaron de que el huelguista de hambre Rafael Blandón Úbeda había muerto por torturas de la Policía Sandinista; el gobierno dijo que lo presentó vivo y sin señales de tortura, y suspendió por ocho días los programas que difundieron la noticia. El 10 de julio de 1988, en Nandaime, la policía disolvió con gases y golpes un mitin opositor y detuvo a 35 personas, que un juez de policía condenó a seis meses; la CIDH advirtió que esos jueces no garantizaban el debido proceso. El Ministerio del Interior suspendió La Prensa quince días, cerró Radio Católica y el gobierno expulsó a ocho diplomáticos estadounidenses. CIDH, informe anual 1987-88 CS Monitor, 15 jul. 1988
La amnistía de 1990
Los indultos de 1987 a 1990 liberaron a los presos políticos: el 29 de noviembre de 1987, a 985 personas —779 condenadas por la Ley de Mantenimiento del Orden y 206 por los Tribunales Especiales—, y el 14 de febrero de 1990, tras la petición del cardenal Obando, a los condenados por la Ley de Mantenimiento del Orden. Los liberados de 1990 denunciaron amenazas de altos funcionarios antes de salir. CIDH, informe anual 1987-88 CIDH, informe anual 1989-90
El 13 de marzo de 1990, después de perder las elecciones, la Asamblea Nacional presidida por Carlos Núñez aprobó la Ley 81, de Amnistía General y Reconciliación Nacional. Además de los presos políticos, amnistió a «los nicaragüenses militares y civiles que hubiesen cometido delitos en la persecución e investigación» de los delitos contra la seguridad del Estado, desde el 19 de julio de 1979, con su responsabilidad civil. La CIDH observó que la amnistía cubría delitos que presuntamente implicaban violaciones de derechos humanos. Ley 81, 1990 CIDH, informe anual 1989-90
Qué cuenta este capítulo y qué cuenta Servicio militar
Este capítulo trata la persecución de civiles por razones políticas: la Seguridad del Estado, la policía, los tribunales de excepción, la censura y las turbas. La violencia que viene de la guerra y del Ejército —reclutamiento forzoso, operaciones militares, asesinatos de campesinos en las zonas de combate y justicia militar— se cuenta en Servicio militar obligatorio y guerra civil.
Estado de impunidadImpunidad casi total
Impunidad casi totalNinguna condena en Nicaragua · Amnistía de 1990 para los perpetradores · Una sentencia internacional, en 2025
Ningún funcionario de la Seguridad del Estado, del Ministerio del Interior ni de los tribunales de excepción ha sido juzgado en Nicaragua por las ejecuciones, desapariciones, torturas y detenciones de 1979 a 1990. La Ley 81, de marzo de 1990, amnistió a los militares y civiles que cometieron delitos en la persecución de opositores, con su responsabilidad civil; los indultos de 1987 a 1990 se aplicaron a los presos, no a sus captores. Ley 81, 1990
La única condena es internacional: en noviembre de 2025 la Corte Interamericana declaró a Nicaragua responsable de la desaparición forzada de José Ramón Silva Reyes por agentes de la DGSE y le ordenó buscarlo e investigar. En 2014 el procurador general, Hernán Estrada, había rechazado la petición de la CIDH alegando prescripción y falta de pruebas. Corte IDH, comunicado 85/2025 La Prensa, 18 feb. 2024
Si tienes información sobre presos, desaparecidos o víctimas de la Seguridad del Estado de los años ochenta, tu aporte es fundamental para completar este capítulo.
Para profundizar
Respaldo documental
- Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua. OEA/Ser.L/V/II.53, doc. 25, 1981. Disponible en: cidh.oas.org
- Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe anual 1984-1985, cap. IV, «Nicaragua». Disponible en: cidh.oas.org
- Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe anual 1986-1987, cap. IV, «Nicaragua». Disponible en: cidh.oas.org
- Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe anual 1987-1988, cap. IV, «Nicaragua». Disponible en: cidh.oas.org
- Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe anual 1989-1990, cap. IV, «Nicaragua». Disponible en: cidh.oas.org
- Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Caso 9289 (Pastor Cruz Herrera), 16 de abril de 1986. Disponible en: cidh.oas.org
- Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Resolución 19/86, caso 9367 (José Esteban Lazo Morales), 16 de abril de 1986. Disponible en: cidh.oas.org
- Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Resolución 29/89, caso 10.198 (Reynaldo Tadeo Aguado Montealegre), 29 de septiembre de 1989. Disponible en: cidh.oas.org
- Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nota de remisión a la Corte IDH, caso 13.251 (José Ramón Silva Reyes y otros), 31 de agosto de 2023; Informe de Admisibilidad y Fondo 280/22. Disponible en: oas.org
- Corte Interamericana de Derechos Humanos. Resolución de la Presidencia, caso Silva Reyes y otros vs. Nicaragua, 18 de diciembre de 2024. Disponible en: corteidh.or.cr
- Corte Interamericana de Derechos Humanos. Comunicado de prensa 85/2025, sentencia del caso Silva Reyes y otros vs. Nicaragua, notificada el 13 de noviembre de 2025. Disponible en: copia en lamesaredonda.net
- Departamento de Estado de EE. UU. Country Reports on Human Rights Practices for 1985. Nicaragua. Disponible en: ecoi.net
- Amnistía Internacional. Boletín informativo, diciembre de 1981 (Nicaragua: dirigentes del COSEP y del Partido Comunista). Disponible en: amnesty.org
- Immigration and Refugee Board of Canada. «Information on Lenin Cerna, the chief of security in Sandinista-governed Nicaragua» [NIC25765.E], 16 de enero de 1997. Disponible en: ecoi.net
- Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional. Decreto n.º 5, «Ley sobre el Mantenimiento del Orden y la Seguridad Pública», 20 de julio de 1979. Disponible en: sajurin.enriquebolanos.org
- Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional. Decreto n.º 34, «Ley creadora de los Tribunales Especiales de Emergencia», 1979. Disponible en: sajurin.enriquebolanos.org
- Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional. Decreto n.º 48, «Ley General sobre Medios de Comunicación Social», 1979. Disponible en: sajurin.enriquebolanos.org
- Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional. Decretos n.º 511 y 512, «Ley para regular las informaciones sobre seguridad interna y defensa nacional» y «Ley para regular informaciones de contenido económico», 10 de septiembre de 1980. Disponibles en: 511 · 512
- Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional. Decreto n.º 996, «Ley de Emergencia Nacional», 15 de marzo de 1982. Disponible en: sajurin.enriquebolanos.org
- Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional. Decreto n.º 1074, «Ley sobre el Mantenimiento del Orden y Seguridad Pública. Reformas y reordenamiento», 1982. Disponible en: sajurin.enriquebolanos.org
- Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional. Decreto n.º 1233, «Ley de Tribunales Populares Antisomocistas», 11 de abril de 1983. Disponible en: sajurin.enriquebolanos.org
- Asamblea Nacional. Ley n.º 81, «Ley de Amnistía General y Reconciliación Nacional», 13 de marzo de 1990, La Gaceta n.º 53, 15 de marzo de 1990. Disponible en: sajurin.enriquebolanos.org
- Chamorro Cardenal, Jaime. Frente a dos dictaduras: la lucha por la libertad de expresión. San José: Asociación Libro Libre, 1987. Disponible en: parte 1 · parte 2 · parte 3
- La Prensa. «Stasi entrenó a la OSN y DGSE». 5 de noviembre de 2011. Disponible en: laprensani.com
- Cruz, Eduardo. «Los espías del sandinismo». La Prensa Magazine, agosto de 2020. Disponible en: laprensani.com
- La Prensa. «Así fue la trampa sandinista para asesinar a un grupo de asilados en 1983». La Prensa Domingo, 18 de febrero de 2024. Disponible en: laprensani.com
- La Prensa. «Este es el rosario de crímenes que ejecutó el Ministerio del Interior de los años ochenta, según el opositor Richard Sáenz Coen». 30 de diciembre de 2023. Disponible en: laprensani.com
- «Luis Carrión Cruz». Wikipedia, con citas de Nicaraguan Biographies (Departamento de Estado, 1988). Disponible en: wikipedia.org
- «No time for hard-liners». The Christian Science Monitor, 15 de julio de 1988. Disponible en: csmonitor.com
- Southerland, Daniel. «Sandinistas: Intimidating democratic forces?». The Christian Science Monitor, 17 de marzo de 1981. Disponible en: csmonitor.com
- Ford, Peter. «Extra! Extra! Nicaragua opposition paper is back». The Christian Science Monitor, 2 de octubre de 1987. Disponible en: csmonitor.com
- United Press International. «La Prensa shut down 1 year ago». 26 de junio de 1987. Disponible en: upi.com
- «Jorge Salazar». Wikipedia, con citas de Juan de Onis, The New York Times, 19 de noviembre de 1980. Disponible en: wikipedia.org
- «Asesinato de Jorge Salazar, una conspiración de estado». La Prensa, 17 de noviembre de 2005. Disponible en: laprensani.com
- «Nicaraguan businessmen arrested in alleged plot». The Christian Science Monitor, 24 de noviembre de 1980. Disponible en: csmonitor.com
Citas en formato Chicago, 17.ª edición. Los documentos enlazados son de acceso abierto; los que no tienen enlace se encuentran en archivos físicos de las instituciones indicadas o están disponibles bajo solicitud.
Cronología de los hechos
- 26 de julio – diciembre de 1979
Ejecuciones, presos y Tribunales Especiales
La noche del 26 de julio un camión saca a unos 50 presos de La Pólvora, en Granada; sus familiares dan por ejecutados a 24 y la CIDH recibe seis nombres más de desaparecidos. El 7 de agosto el Decreto 23 crea los Tribunales Especiales; de 6,310 presos al triunfo, 4,331 serían condenados. La Comisión concluye que las ejecuciones de esas semanas no se investigaron.
La Comisión registra que llegó a haber 6,500 personas detenidas.
Fuentes: CIDH, informe de 1981 · cap. II CIDH, informe de 1981 · cap. III
- 20 de julio de 1979 – septiembre de 1980
Las leyes del orden público y de la información
El Decreto 5, Ley sobre el Mantenimiento del Orden y la Seguridad Pública, castiga con obras públicas difundir expresiones que «pretendan lesionar los intereses populares» y crea los Tribunales Especiales de Emergencia. El Decreto 48 exige que la crítica a las funciones públicas persiga «fines constructivos». El 10 de septiembre de 1980, los decretos 511 y 512 prohíben publicar sin autorización previa noticias sobre enfrentamientos armados, atentados contra funcionarios o la economía.
Fuentes: Decreto 5, 1979 Decreto 48, 1979 Decreto 511, 1980 Decreto 512, 1980
- 17 de noviembre de 1980
La muerte de Jorge Salazar
Fuerzas de la Seguridad del Estado matan a Jorge Salazar, caficultor y dirigente del COSEP y de la UPANIC, en un encuentro al que había ido solo y sin armas. El gobierno habla de un tiroteo o enfrentamiento, aunque el propio Tomás Borge reconoce que Salazar no estaba armado y dice que su acompañante disparó. Siete dirigentes empresariales son arrestados y condenados; la Corte Suprema los absuelve después de nueve meses en la cárcel de Tipitapa.
Fuentes: Wikipedia · Jorge Salazar La Prensa, 17 nov. 2005 CS Monitor, 24 nov. 1980
- 14 de marzo – noviembre de 1981
Turbas contra las radios y presos de conciencia
Turbas atacan tres emisoras y edificios donde se preparaban mítines opositores. El 21 de octubre son detenidos siete dirigentes del COSEP y del Partido Comunista; condenados a siete meses, Amnistía Internacional los declara presos de conciencia.
14 – 15 de marzo de 1981 · Managua y Nandaime — La noche de terror de las radios. Radio Mi Preferida quedó tan dañada que salió del aire y Radio Amor también fue atacada. Alfonso Robelo habló de una «noche de terror». Tomás Borge acudió a Radio Corporación y advirtió que la Policía no podía contener a 5,000 manifestantes. En Nandaime, la casa de Eduardo Fonseca Pasos, representante del MDN, fue incendiada sin que la Policía interviniera, según el corresponsal. Pedro Joaquín Chamorro Barrios, director de La Prensa, culpó a los sandinistas y calificó el sistema de «una especie de dictadura». Robelo estimó entonces el apoyo al gobierno en cerca de 45 %, frente a más del 90 % del final de la guerra.
Fuentes: CS Monitor, 17 mar. 1981 Amnistía Internacional, dic. 1981
- Enero – agosto de 1982
Ley de Emergencia y censura previa
El 17 de enero tres pistoleros golpean a Manuel Jirón, dueño de dos emisoras confiscadas. El 15 de marzo, el Decreto 996 suspende todos los derechos y garantías y se cierran los noticieros independientes: según Jaime Chamorro, 24 radioperiódicos de siete emisoras. Ese año fuerzas sandinistas ocupan La Prensa tres veces.
Según el informe del Departamento de Estado de 1985, 21 programas independientes de noticias de radio fueron sacados del aire desde 1982, y el gobierno controlaba además dos tercios de las emisoras.
Fuentes: Decreto 996, 1982 Jaime Chamorro, Frente a dos dictaduras (1987) Dpto. de Estado de EE. UU., informe de 1985 Wikipedia · La Prensa (Managua)
- Abril – noviembre de 1983
Tribunales Populares y presos sin rastro
El 11 de abril el Decreto 1233 crea los Tribunales Populares Antisomocistas. En junio dicen a la familia de Pastor Cruz Herrera que está en Las Tejas; nunca más se sabe de él. El 30 de octubre agentes de la DGSE sacan con engaños de la embajada de Guatemala al coronel retirado José Ramón Silva Reyes, que desaparece. El 18 de noviembre devuelven en un ataúd atornillado el cuerpo de José Esteban Lazo Morales, detenido cinco días antes en Chontales.
Fuentes: Decreto 1233, 1983 CIDH, caso 9289 (1986) CIDH, caso 13.251 (2023) CIDH, caso 9367 (1986)
- 1984 – 1985
La censura medida y la emergencia ampliada
La Prensa empieza a medir lo que le censuran: en promedio, el 36.98 % de su material en 27 meses, según Jaime Chamorro. El 15 de octubre de 1985 se amplía la emergencia y la censura llega al 80 %; desde noviembre la CPDH debe someter sus informes al censor. Ese año deserta el teniente del Ministerio del Interior Álvaro Baldizón, que acusa a Borge y a Carrión de autorizar torturas y asesinatos.
Fuentes: Jaime Chamorro, Frente a dos dictaduras (1987) Dpto. de Estado de EE. UU., informe de 1985 La Prensa, 18 feb. 2024
- Marzo – junio de 1986
El Chipote y el cierre de La Prensa
El 4 de marzo detienen a Reynaldo Aguado Montealegre, que pasa unos 30 días incomunicado en El Chipote y es condenado a 30 años por espionaje con una confesión que la CIDH considerará sin validez. El 26 de junio el gobierno cierra La Prensa «indefinidamente», un día después de que el Congreso estadounidense aprobara US$100 millones para la Contra.
Fuentes: CIDH, caso 10.198 (1989) CS Monitor, 2 oct. 1987 UPI, 26 jun. 1987
- Enero de 1987 – enero de 1988
Constitución, emergencia renovada y primeras liberaciones
La Constitución del 9 de enero permite suspender el hábeas corpus y mantiene los tribunales especiales; la emergencia se renueva ese mismo día. El 15 de agosto son detenidos Lino Hernández, de la CPDH, y Alberto Saborío, del Colegio de Abogados. El 1 de octubre La Prensa reaparece tras 15 meses. El 29 de noviembre se indulta a 985 presos y el 19 de enero de 1988 se levanta la emergencia y se disuelven los Tribunales Populares; ese mes la CIDH visita El Chipote.
Fuentes: CIDH, informe anual 1986-87 CS Monitor, 2 oct. 1987 CIDH, informe anual 1987-88
- Mayo de 1988 – marzo de 1990
Nandaime, las liberaciones y la amnistía
El 4 de mayo de 1988 se informa de la muerte bajo custodia de Rafael Blandón Úbeda, que el gobierno niega. El 10 de julio la policía disuelve el mitin de Nandaime y detiene a 35 personas; La Prensa es suspendida y Radio Católica, cerrada. El 14 de febrero de 1990 son liberados los presos políticos y el 13 de marzo la Ley 81 amnistía también a quienes los persiguieron.
Fuentes: CIDH, informe anual 1987-88 CS Monitor, 15 jul. 1988 CIDH, informe anual 1989-90 Ley 81, 1990
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La Pólvora: presos sacados de noche
A las once de la noche del 26 de julio de 1979, según los testigos que recogió la CIDH, un camión sacó de la cárcel de La Pólvora a unos 50 presos, entre ellos guardias nacionales y otras personas detenidas tras el triunfo; los fusilaron cerca del lago de Granada. Un registro civil anota que Roger Alfonso González Ibarra murió de un balazo a las tres de la madrugada del 29 de julio. En marzo de 1980 los familiares enviaron una carta con 24 nombres de presos que daban por ejecutados y advirtieron que los desaparecidos podían llegar a varios cientos. El gobierno respondió el 5 de mayo de 1980 que el doctor César Rivas Guillén murió en los últimos días de la guerra o tras el triunfo, sin poder precisar las circunstancias.
El 18 de mayo de 1981 la Corte Suprema ordenó al juez de instrucción continuar el proceso; la CIDH no recibió más información.
La muerte de Jorge Salazar
Jorge Salazar, caficultor, líder de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (UPANIC), vicepresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) y opositor del gobierno recién instalado, había mandado a su familia fuera del país. Fue a un encuentro con supuestos oficiales disidentes, solo y sin armas, y fuerzas de Seguridad del Estado lo mataron el 17 de noviembre de 1980, hacia las tres de la tarde, en la antigua gasolinera Esso «Las Chonchitas», en El Crucero. El Ministerio del Interior dijo que murió en un tiroteo o enfrentamiento con la Seguridad del Estado, en medio de un supuesto complot contrarrevolucionario. El New York Times tituló el 19 de noviembre: «Fuerzas de seguridad en Nicaragua matan a un dirigente empresarial clave». Tomás Borge reconoció que Salazar no estaba armado y que quien disparó fue su acompañante (según su hija Karla, salió con Álvaro Baltodano rumbo a la cita; ella cuenta que su padre les había dicho que, si algo le pasaba, no volvieran a Nicaragua, y estaba en Texas cuando lo mataron); los dos testigos que declararon ante la jueza no vieron armas en su camioneta.
El embajador de EE. UU., Lawrence Pezzullo, informó que Salazar no estaba armado y que lo emboscaron y lo ejecutaron en el suelo agentes de la Seguridad del Estado. Siete dirigentes empresariales fueron arrestados; los condenaron a entre uno y once años, pero la Corte Suprema los absolvió después de nueve meses en la cárcel de Tipitapa. En 2010 La Prensa recordó que nadie respondió por su muerte.
Su viuda, Lucía Cardenal de Salazar, entró después en la dirección política de la Fuerza Democrática Nicaragüense. El COSEP decidió en 1984 celebrar su cumpleaños como Día del Sector Privado y, desde 2004, el 8 de septiembre es el Día Nacional del Empresario Nicaragüense: así lo declaró el Decreto 78-2004, aprobado el 16 de julio de 2004 por el presidente Enrique Bolaños y publicado en La Gaceta n.º 142 del 22 de julio, que cita su natalicio como ejemplo para los empresarios. Decreto 78-2004, La Gaceta n.º 142
José Ramón Silva Reyes: sacado con engaños de una embajada
José Ramón Silva Reyes, coronel en retiro de la Guardia Nacional, pidió asilo en la embajada de Guatemala en Managua el 20 de julio de 1979 y vivió allí más de cuatro años. El 31 de octubre de 1983 un comunicado oficial anunció que había escapado con otros dos asilados. Desde entonces se desconoce su paradero.
Según los testimonios de Álvaro José Baldizón Avilés, exteniente del Ministerio del Interior, y de Roberto Escobedo Caicedo, que recoge la CIDH, fue sacado con engaños por agentes de la Dirección General de Seguridad del Estado, torturado en un centro cercano a la cárcel Modelo de Tipitapa, ejecutado y enterrado. La CIDH cita al Departamento F-1 de la DGSE, bajo las órdenes del teniente Raúl Castro González. La Prensa, con base en Baldizón, describe una trampa preparada durante dos años con un falso asilado infiltrado y atribuye la orden a Tomás Borge.
Su familia denunció los hechos desde 2005; su hijo Denis Silva García recibió amenazas y tuvo que salir del país, y una demanda civil en Estados Unidos fue desestimada en 2014. La CIDH aprobó el informe de fondo 280/22 y sometió el caso a la Corte Interamericana el 31 de agosto de 2023: para la Comisión, la inactividad del Estado se convirtió en «un mecanismo de encubrimiento». La Corte celebró audiencia el 3 de febrero de 2025 y en noviembre notificó su sentencia: Nicaragua es responsable de su desaparición forzada —«fue privado de su libertad el 30 de octubre de 1983 por agentes de la Dirección General de Seguridad del Estado»— y debe buscarlo de inmediato e investigar.
El cierre de La Prensa y la salida de su equipo
El gobierno cerró La Prensa «indefinidamente» el 26 de junio de 1986 por «provocación, desinformación» y por intentar «justificar la agresión norteamericana», un día después de que el Congreso de EE. UU. aprobara US$100 millones para la Contra. Estuvo cerrada unos 15 meses. Durante el cierre vendió equipos para pagar sueldos y muchos de sus reporteros salieron del país; algunos se sumaron a la Contra. Cuando reapareció, el 1 de octubre de 1987, solo cinco periodistas seguían en la redacción.
El editor Pablo Antonio Cuadra volvió de su autoexilio en Texas y advirtió que, si regresaba la censura, «cerraremos el periódico». Jaime Chamorro Cardenal, uno de sus editores principales, se fue del país y regresó con la reapertura. Según él, cerca del 20 % del personal salió del país por amenazas y violencia.
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Nombre, fecha y lugar de cada caso, con la fuente que lo registra.
Julio de 1979 · Presos de La Pólvora, Granada
Presos que sus familiares dieron por ejecutados o desaparecidos tras el triunfo. Nombres tal como los transcribe la CIDH en su informe de 1981.
Lista 1 · Presos que sus familiares dan por ejecutados24 nombres
Los 24 nombres de la carta que los familiares enviaron en marzo de 1980. Cuatro de ellos —Gustavo Adolfo Marín Guzmán, Luis Martínez Mercado, Jorge Villalobos Toruño y Exequiel Zavala Jiménez— figuran también en los casos individuales del informe.
- Máximiliano Jaime López
- Vicente Cuadra Chamorro
- Alberto Varillas Chamorro
- Luis Rey López Cajina
- Hernaldo López Cajina
- Amado López Cajina
- David Salvador Argüello Pasos
- Bismark Rodríguez Salazar
- Julio César Urbina Vargas
- Gustavo Adolfo Marín Guzmán
- Julio Morales Carache
- Iván Alfonso Molina Mercado
- Luis Martínez Mercado
- Diego Carrillo Cruz
- Armando Mercado Muñoz
- Armando Mercado Mora
- Antonio Pérez Sequeira
- José Mercedes Alonso Pasos
- Juan Alfredo Rojas Silva
- Jorge Villalobos Toruño
- Exequiel Zavala Jiménez
- Roberto José Marenco Ramírez
- Modesto Orlando Mayorga Ricera
- Ignacio Muñoz Espinoza
Lista 2 · Desaparecidos reportados a la CIDH6 nombres
Seis nombres de denuncias que la Comisión recibió durante su visita, presumidos ejecutados.
- José Antonio Arroliga Ríos
- Víctor Manuel Murillo Hurtado
- José Octavio Vásquez Miranda
- José Vicente López Morales
- Juan Francisco Mayorga Rivas
- William José Vargas Alaniz
1980 – 1988 · Opositores, empresarios, periodistas y defensores7 registros
Casos con nombre de la persecución política, con la fuente que los registra.
Caficultor y dirigente del COSEP y de la UPANIC. Murió a manos de fuerzas de Seguridad del Estado; había mandado antes a su familia al exterior. Tomás Borge reconoció que no estaba armado.
Representante del MDN. Su casa fue incendiada durante el ataque de las turbas.
Presidente del COSEP. Detenido con otros dos dirigentes de la organización por un comunicado crítico y condenado a siete meses. Amnistía Internacional lo declaró preso de conciencia.
Secretario general del Partido Comunista de Nicaragua. Detenido y condenado a siete meses con tres miembros de su partido y de su central sindical. Amnistía Internacional lo declaró preso de conciencia.
Dueño de dos emisoras destruidas y confiscadas. Tres pistoleros lo golpearon e intentaron secuestrarlo; tuvo que asilarse, según Jaime Chamorro.
Secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos. Detenido al impedirse una marcha opositora y condenado a 30 días por un juez de policía.
Presidente del Colegio de Abogados de Managua. Detenido con Lino Hernández y condenado a 30 días por un juez de policía.
1983 – 1988 · Detenidos, desaparecidos y muertos bajo custodia5 registros
Casos que llegaron a la CIDH y, uno de ellos, a la Corte Interamericana.
Agricultor de 26 años. Su familia supo que estaba preso en Las Tejas, cárcel de la Seguridad del Estado; las autoridades negaron la detención y no se volvió a saber de él. La CIDH declaró violados sus derechos a la libertad y a la vida.
Coronel en retiro de la Guardia Nacional, asilado en la embajada de Guatemala. Desaparecido tras ser sacado con engaños por agentes de la DGSE. La Corte Interamericana declaró a Nicaragua responsable de su desaparición forzada.
Ganadero de 39 años. Detenido de noche por agentes de la Seguridad del Estado; su cuerpo fue devuelto en un ataúd atornillado, con fracturas y heridas. El forense habló de un infarto. La CIDH declaró violados sus derechos a la libertad y a la vida.
Exsoldado de 27 años. Incomunicado unos 30 días en El Chipote, condenado a 30 años por espionaje con una confesión obtenida bajo incomunicación. Liberado por indulto el 14 de marzo de 1990.
Huelguista de hambre. Varios medios informaron el 4 de mayo de 1988 de su muerte por torturas de la Policía Sandinista; el gobierno lo negó y suspendió los programas que dieron la noticia.
Lo que dicen los informes
Lo que han documentado organismos oficiales y de derechos humanos.
Concluyó que en las semanas posteriores al triunfo hubo ejecuciones ilegales que no se investigaron ni se castigaron; recogió el caso de La Pólvora y los nombres de 30 presos ejecutados o desaparecidos, y registró que de 6,310 presos al triunfo, 4,331 fueron condenados por los Tribunales Especiales.
Declaró violados los derechos a la libertad y a la vida de Pastor Cruz Herrera, desaparecido tras ser llevado a la cárcel de Las Tejas, y de José Esteban Lazo Morales, muerto bajo custodia de la Seguridad del Estado en 1983; el gobierno no respondió en plazo. En 1989 declaró violado el debido proceso de Reynaldo Aguado Montealegre, condenado con una confesión obtenida mientras estaba incomunicado en El Chipote.
Recogió la renovación de la emergencia con el hábeas corpus suspendido, cifras de 7,000 a 9,500 presos según la fuente, detenciones sin orden y denuncias de tortura, la detención de Lino Hernández y Alberto Saborío, el indulto de 985 presos en 1987, el fin de la emergencia y de los Tribunales Populares en enero de 1988 y las 35 detenciones de Nandaime.
La CIDH concluyó que el coronel retirado José Ramón Silva Reyes fue víctima de desaparición forzada y tortura y llevó el caso a la Corte, que en 2025 declaró a Nicaragua responsable: fue privado de libertad el 30 de octubre de 1983 por agentes de la DGSE y el Estado debe buscarlo e investigar.
Estimó de 7,500 a 10,000 presos políticos, según la CPDH y la Cruz Roja Internacional, frente a los unos 5,000 que reconocía el gobierno; registró 433 denuncias de desaparición recibidas por la CPDH entre 1981 y 1983, 995 procesados por los Tribunales Populares Antisomocistas hasta octubre de 1985, El Chipote como principal centro de interrogatorio y 21 noticieros de radio independientes cerrados desde 1982.
Informa de que miembros de la DGSE maltrataban a los detenidos con privación de comida y agua y descargas eléctricas.
Declaró presos de conciencia a siete dirigentes del COSEP y del Partido Comunista de Nicaragua, condenados a siete meses en noviembre de 1981 por sus críticas al gobierno.
Registró la liberación de los presos condenados por la Ley de Mantenimiento del Orden en febrero de 1990, las amenazas que denunciaron antes de salir y una amnistía amplia que cubrió los delitos de diez años, incluidos los que presuntamente implicaban violaciones de derechos humanos.
Responsables políticos y perpetradores
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