Responsables

Vinculado a: Condenado en 1967 por un asalto a banco y liberado en 1974 mediante el asalto a la casa de Chema Castillo (Guerrilla). Como coordinador de la Junta de Gobierno (1979–1985) y presidente (1985–1990) la Junta que él coordinaba dictó los decretos de confiscación (Primer exilio, Robo de tierras) y la ley del servicio militar, que sostuvo como presidente; era jefe de Estado durante la Navidad Roja y esa Junta emitió en 1983 la amnistía que cubrió los hechos. Fue beneficiario directo de la piñata: pagó menos de 42,000 dólares por las casas de El Carmen. Lanzó el 26 de febrero de 1990 la consigna de «gobernar desde abajo» (Asonadas) y negoció con Arnoldo Alemán el reparto de los poderes del Estado (Ruta al poder); en 1998 invocó su inmunidad como diputado ante la denuncia de Zoilamérica Narváez. Presidente desde 2007 y jefe supremo del Ejército y la Policía, el GIEI recomendó investigar su responsabilidad penal por la represión de 2018 y el GHREN señala que él y la vicepresidenta ordenaron reprimir las protestas (Abril 2018, Operación Limpieza); es la máxima autoridad del régimen en el Segundo exilio y el Estado de excepción. Su Gobierno impulsó la Ley 840 de 2013, que permitía expropiar tierras campesinas para un canal, y reprimió las marchas contra ella (Expropiación campesina). Como coordinador de la Junta firmó la Ley de Emergencia de 1982 (Decreto 996), que suspendió todos los derechos y garantías, y la Ley de Tribunales Populares Antisomocistas de 1983 (Decreto 1233), tribunales de jueces designados por la Junta y sin recurso contra sus sentencias (Represión civil de los años ochenta). En 1983 describió las turbas divinas que tomaban iglesias como grupos organizados de simpatizantes, y como presidente llamó a los obispos «terroristas» y «demonios con sotana» (Persecución a la Iglesia). Según el GHREN, la oficina de Interpol usada para perseguir a exiliados con notificaciones rojas está bajo su mando directo (Represión transnacional). Firmó el Decreto 25 que nacionalizó la banca (1979), el Decreto 835 de Delito Cambiario (1981) y, con facultades delegadas, el Decreto 306 de Conversión Monetaria de febrero de 1988; según Henry Ruiz, desistió del plan en 1985 por temor político y lo aprobó en 1988 (Operación Bertha, hiperinflación y finanzas).

Estado de impunidad: Impunidad total: nunca ha sido juzgado. La denuncia de 2006 por genocidio y lesa humanidad por la Navidad Roja fue archivada en 2010 y nadie ha sido condenado por la piñata, las confiscaciones ni el servicio militar. Ha sido sancionado por la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido, y un juez argentino emitió contra él una orden de captura internacional, pero sigue en el poder. Esas sanciones reconocen los hechos; no son justicia para las víctimas.

Vinculado a: Vicepresidenta desde 2017 y copresidenta desde la reforma constitucional de enero de 2025; dirigió desde 2007 el Consejo de Comunicación y Ciudadanía. En 2018 llamó «vampiros», «delincuentes» y «terroristas» a los manifestantes, y el GHREN la ubica en la cúpula de la cadena de mando de la represión (Abril 2018, Operación Limpieza). Es la voz pública de la represión y del cierre de organizaciones (Segundo exilio, Estado de excepción). El 22 de abril de 2017 convocó una contramarcha oficialista mientras la Policía impedía una marcha campesina contra la Ley 840 (Expropiación campesina). Tras la agresión a los obispos en Diriamba en julio de 2018 habló de una «intentona golpista» (Persecución a la Iglesia). Según el GHREN, las prohibiciones de regresar al país se deciden en consulta con ella (Represión transnacional). Según el GHREN, las decisiones sobre las confiscaciones de cuentas y bienes de opositores se coordinan desde la Oficina de la Presidencia que ella encabeza (Operación Bertha, hiperinflación y finanzas). En 1998 desestimó la denuncia de su hija Zoilamérica Narváez contra Daniel Ortega (Ruta al poder).

Estado de impunidad: El Tesoro de EE. UU. la sancionó el 27 de noviembre de 2018 y también la Unión Europea, Canadá y el Reino Unido; un juez argentino emitió contra ella una orden de captura internacional. Esas sanciones reconocen los hechos, pero no son justicia: nunca ha sido juzgada en Nicaragua y sigue en el poder.

Vinculado a: Cofundador del FSLN; dirigió la preparación del asalto de 1974 (Guerrilla). Ministro del Interior de 1979 a 1990, con la Seguridad del Estado (DGSE) y la persecución de opositores bajo su mando: su ministerio canceló en julio de 1984 los permisos de residencia de diez sacerdotes extranjeros (Primer exilio); la familia de Jorge Salazar lo señala por su muerte (Robo de tierras); la DGSE y los CDS capturaban prófugos del servicio militar (Servicio militar obligatorio). Fue jefe del MINT durante la Navidad Roja y figura entre los beneficiarios de inmuebles en la Piñata. Según Nicaragua Investiga, su ministerio escenificó en 1982 el escándalo contra monseñor Bismarck Carballo, que Barricada publicó en portada; en 1994 fue nombrado director de Barricada (Propaganda y adoctrinamiento). Americas Watch (1989) lo entrevistó el 9 de junio de 1988 sobre los crímenes de un oficial de seguridad; Borge prometió investigar y el informe no recibió respuesta. El informe no afirma que haya ordenado esos crímenes. Según Sáenz Coen (La Prensa, 2023), dirigió la Seguridad del Estado cuando se aprobó el asesinato del coronel Salazar en 1979. Al mando de la Seguridad del Estado, de las cárceles de interrogatorio como El Chipote y de la oficina de censura. Según el desertor Álvaro Baldizón, las «medidas especiales» —tortura y asesinato sin juicio— requerían su autorización o la de su primer viceministro, y La Prensa le atribuye la orden de la trampa contra el coronel José Ramón Silva Reyes (1983), cuya desaparición forzada por agentes de la DGSE declaró la Corte Interamericana en 2025 (Represión civil de los años ochenta). Su ministerio expulsó al obispo Pablo Antonio Vega en 1986 y él justificó el conflicto con la Iglesia con un «Dad al César lo que es del César» (Persecución a la Iglesia). El sobreviviente Peter Torbiörnsson lo denunció en 2008 como autor intelectual del atentado de La Penca, lo que negó (Represión transnacional).

Estado de impunidad: Murió en 2012 sin ser juzgado. Fue denunciado en 2006 por la Navidad Roja y la Fiscalía archivó el caso en 2010; nadie ha sido juzgado por la persecución, las confiscaciones ni la piñata.

Vinculado a: Dirigió el intento de rescatar a Fonseca en Alajuela (1969), en el que murió un guardia costarricense (Guerrilla). Como ministro de Defensa y comandante en jefe del EPS (1979–1995) fue el arquitecto del servicio militar obligatorio y presentó la propuesta de ley; su Ejército ejecutó la Navidad Roja y repartió bienes militares en la Piñata. Calificó de «negativo y sesgado» el informe de la Comisión Tripartita sobre las ejecuciones (Ejecuciones clandestinas). La CIDH (1984) atribuyó a fuerzas del Ejército Sandinista las muertes ilegales de un número considerable de miskitos en Leimus (diciembre de 1981), la reubicación de unas 8,500 personas a Tasba Pri y la zona militar de emergencia de noviembre de 1982. En la guerra de la Costa Caribe, su Ejército atacó en marzo de 1986 posiciones de la guerrilla miskita Kisan con cerca de mil soldados, tras lo cual unos 10,000 miskitos huyeron a Honduras; la CIDH recibió en 1986 y 1987 denuncias de ejecuciones sumarias atribuidas al Ejército en zonas de combate, y Americas Watch documentó asesinatos de campesinos por agentes del Ejército y de la Seguridad del Estado entre 1987 y 1989 (Servicio militar obligatorio y guerra civil). Su Ejército reclutó a seminaristas en 1985 (Persecución a la Iglesia). En 1990 encabezó el equipo sandinista que negoció el Protocolo de Transición y siguió al frente del Ejército hasta 1995 (Ruta al poder).

Estado de impunidad: Nunca fue juzgado. Fue denunciado en 2006 por la Navidad Roja y la Fiscalía archivó el caso en 2010. Ningún funcionario sandinista ha sido juzgado por los abusos del servicio militar obligatorio ni se reparó a las familias. Murió el 30 de septiembre de 2024.

Vinculado a: Fue uno de los 14 presos liberados en 1974 en el asalto a la casa de Chema Castillo (Guerrilla). Dirigió la Dirección General de Seguridad del Estado, la policía política, de 1981 a marzo de 1988 (Primer exilio) y fue señalado en la denuncia de 2006 por genocidio y crímenes de lesa humanidad por la Navidad Roja. Según Richard Sáenz Coen (La Prensa, 30 de diciembre de 2023), dirigió la célula que asesinó en Honduras al coronel Pablo Emilio Salazar en 1979; esa versión no está confirmada por otras fuentes. Americas Watch (1989) documentó secuestros, ejecuciones selectivas y torturas por agentes de la DGSE y del Ejército contra presuntos colaboradores de la Contra (74 muertes y 14 desapariciones entre 1987 y 1989), y concluyó que no podía establecer la complicidad del alto mando; sí señaló «indulgencia indebida» con agentes condenados. El informe de derechos humanos del Departamento de Estado de 1985 lo señaló por participar personalmente en la tortura de un detenido, y según el desertor Álvaro Baldizón participó en la operación contra los asilados de la embajada de Guatemala en 1983 (Represión civil de los años ochenta). Fue denunciado en 2008 por el atentado de La Penca y, según Sáenz Coen, dirigió también la operación contra Somoza en Paraguay en 1980 (Represión transnacional); según el mismo opositor, planeó el montaje contra monseñor Carballo (Persecución a la Iglesia). Según una noticia de La Prensa que la censura prohibió en enero de 1986, participó personalmente en la ocupación de la oficina de promoción social de la arquidiócesis (COPROSA) (Persecución a la Iglesia). En octubre de 1993 fue ascendido a Inspector General del Ejército pese a las denuncias de tortura, según la CIDH y Human Rights Watch (Ejecuciones clandestinas). Americas Watch señaló a agentes de la DGSE que él dirigía en asesinatos y desapariciones de campesinos durante la guerra (Servicio militar).

Estado de impunidad: Nadie ha sido condenado por la Navidad Roja: la Fiscalía archivó la denuncia el 16 de junio de 2010 y un decreto de amnistía de 1983 cubrió los hechos. Nunca fue juzgado. La Ley 81 de 1990 amnistió los delitos cometidos en la persecución de opositores desde 1979.

Vinculado a: Miembro de la Junta de Gobierno (1980–1985) y vicepresidente (1985–1990). Firmó la Ley de Reforma Agraria (Decreto 782), la Ley del Servicio Militar Patriótico (6 de octubre de 1983) y el decreto de 1984 que la reformó. Integraba la Junta en diciembre de 1981 (Navidad Roja). Sobre la piñata niega haberse beneficiado, sostiene que «la verdadera piñata» fue la transferencia de empresas y fincas, y reconoce su responsabilidad como vicepresidente (La Prensa, 2010). Fundó la Editorial Nueva Nicaragua (1981) y en 2023 fue despojado de su nacionalidad (Propaganda y adoctrinamiento). Firmó como miembro de la Junta los decretos 511 (1980), 996 (1982) y 1233 (1983), y como presidente de la República por la ley sancionó la amnistía de la Ley 81 en 1990 (Represión civil de los años ochenta). Firmó además los decretos 25 (1979) y 835 de Delito Cambiario (1981); según Henry Ruiz, no conocía el plan de la Operación Bertha de 1988, que después calificó de éxito (Operación Bertha, hiperinflación y finanzas).

Estado de impunidad: No consta ningún proceso en su contra. Nadie ha sido juzgado por las confiscaciones, el servicio militar ni la piñata.

Vinculado a: Comandante en jefe del Ejército desde 2010. Según el GHREN, ordenó la participación militar en la represión de 2018 aunque el Ejército no tiene mandato de seguridad pública (Abril 2018, Operación Limpieza), y la Dirección de Información para la Defensa, del Ejército, es el núcleo de la red de vigilancia sobre los exiliados (Segundo exilio). Según el GHREN, el Ejército tuvo un papel central en las expulsiones colectivas de presos políticos de 2023 y 2024 (Represión transnacional).

Estado de impunidad: No consta ningún proceso en su contra. Ningún responsable de la represión de 2018 ha sido juzgado en Nicaragua; una ley de amnistía de 2019 cubre a policías y otras fuerzas implicadas.

Vinculado a: Miembro de la Junta de Gobierno (1980–1985), junto a Ortega y Ramírez. Firmó la Ley de Reforma Agraria (Decreto 782, 19 de julio de 1981), base de las confiscaciones (Robo de tierras), la Ley del Servicio Militar Patriótico (6 de octubre de 1983) y el decreto de 1984 que la reformó (Servicio militar obligatorio). Firmó además los decretos 511 (1980), 996 (1982) y 1233 (1983), que crearon la censura de noticias de seguridad, la Ley de Emergencia y los Tribunales Populares Antisomocistas (Represión civil de los años ochenta). Firmó con Sergio Ramírez y Daniel Ortega el Decreto 835, Ley de Delito Cambiario (9 de septiembre de 1981) (Operación Bertha).

Estado de impunidad: Ningún funcionario ha sido juzgado por las confiscaciones arbitrarias ni por el servicio militar; no consta ningún proceso en su contra.

Vinculado a: Comandante de la Revolución y coordinador de la Comisión Política del FSLN. Integró la Dirección Nacional que, según el capítulo, ordenó la evacuación de las aldeas miskitas (Navidad Roja) y figura entre los beneficiarios de propiedades en la Piñata. Aparece también en los capítulos del primer exilio, el robo de tierras y el servicio militar por su cargo en la Dirección Nacional.

Estado de impunidad: Ningún funcionario sandinista ha sido juzgado por los hechos de la piñata y los beneficiarios conservan los bienes. No consta ningún proceso en su contra por la Navidad Roja ni por las confiscaciones.

Vinculado a: Director general de la Policía Nacional y consuegro de Ortega; responsable operativo de la represión de 2018 (Abril 2018, Operación Limpieza). En febrero de 2019 dijo que la mayoría de los paramilitares eran policías profesionales en operaciones secretas. Su institución ocupó medios, prohibió marchas y vigiló a los presos en casa por cárcel (Estado de excepción). Al mando de la Policía que, según el cardenal Brenes, disparó contra la parroquia Divina Misericordia en 2018 y que sitió la curia de Matagalpa en 2022 (Persecución a la Iglesia).

Estado de impunidad: El GIEI recomendó investigar su responsabilidad y el Tesoro de EE. UU. lo sancionó el 5 de julio de 2018; un juez argentino emitió contra él una orden de captura internacional. Aun así fue nombrado director el 23 de agosto de 2018 y juramentado de nuevo el 26 de febrero de 2025 por seis años.

Vinculado a: Secretario de la Alcaldía de Managua y dirigente de la Juventud Sandinista; fue dirigente de la UNEN entre 1997 y 2000 (Asonadas). Los capítulos de 2018 lo señalan por coordinar redes paramilitares (Abril 2018, Operación Limpieza, Segundo exilio).

Estado de impunidad: El Tesoro de EE. UU. lo sancionó el 5 de julio de 2018 por liderar una entidad implicada en graves abusos. Esa sanción reconoce los hechos, pero no es justicia: ningún responsable de la represión de 2018 ha sido juzgado en Nicaragua; una ley de amnistía de 2019 cubre a policías y otras fuerzas implicadas.

Vinculado a: Presidente de la Asamblea Nacional desde 2017. Presidió la Asamblea que aprobó en febrero de 2023 la ley sobre la pérdida de la nacionalidad y la reforma constitucional correspondiente (Segundo exilio) y leyó la reforma constitucional del 1 de septiembre de 2026, tras decir que no volverían a haber elecciones que permitieran quitar el poder (Estado de excepción). Antes encabezó la huelga de Fetsalud de 1998 (Asonadas).

Estado de impunidad: No consta ningún proceso en su contra. Ningún responsable de las leyes represivas ha sido juzgado en Nicaragua.

Vinculado a: Integró el comando del asalto a la casa de Chema Castillo (1974), en el que murieron guardias, y dirigió con Pastora y Téllez la toma del Palacio Nacional (1978) (Guerrilla). Ocupó cargos de mando en el Ejército Popular Sandinista y en la inteligencia del Estado en los años ochenta; las fuentes no coinciden en el cargo exacto. Según el opositor Richard Sáenz Coen (La Prensa, 30 de diciembre de 2023), la Seguridad del Estado, dirigida por Tomás Borge y Hugo Torres, aprobó el asesinato del coronel Pablo Emilio Salazar («comandante Bravo») en Honduras en octubre de 1979; La Prensa (10 de septiembre de 2023) atribuye ese crimen a un grupo al mando del argentino Enrique Gorriarán Merlo y no menciona a Torres. El informe de Americas Watch de 1989 documentó abusos de agentes de la Seguridad del Estado y del Ejército, pero no estableció complicidad del alto mando ni nombra a Torres. La misma acusación de Sáenz Coen figura en los capítulos Represión civil de los años ochenta y Represión transnacional, siempre atribuida a esa única fuente.

Estado de impunidad: Murió bajo custodia el 12 de febrero de 2022, preso del régimen de Ortega. Nunca fue investigado ni juzgado por las muertes de 1974 y 1978 ni por las acusaciones sobre su etapa en la Seguridad del Estado. Haber sido víctima de la dictadura no extingue la pregunta por sus actos anteriores; la acusación sobre 1979 proviene de una sola fuente y está por verificar.

Vinculado a: Viceministro del Interior en los años ochenta. El capítulo de la Piñata lo cita como beneficiario, y una gráfica de Nicaragua Investiga lo señala por confiscar propiedades a Thelma Gallo. Miembro de la Dirección Nacional del FSLN desde 1979 y primer viceministro del Interior de 1980 a 1988, según la biografía del Departamento de Estado citada por Wikipedia. Según el desertor Álvaro Baldizón, podía autorizar las «medidas especiales» de tortura y asesinato sin juicio (Represión civil de los años ochenta); según el opositor Richard Sáenz Coen, participó en el plan contra monseñor Carballo (Persecución a la Iglesia). En un documental de 2011 dijo que el atentado de La Penca fue una operación de la inteligencia del Ministerio del Interior (Represión transnacional). Dejó el FSLN en 1995, cofundó el MRS, se exilió en 2021 y fue despojado de su nacionalidad en 2023.

Estado de impunidad: Ningún funcionario sandinista ha sido juzgado por los hechos de la piñata y los beneficiarios conservan los bienes. Las acusaciones de Baldizón y de Sáenz Coen no han sido examinadas por ningún tribunal. La Ley 81 de 1990 amnistió los delitos cometidos en la persecución de opositores desde 1979.

Vinculado a: Asesor de seguridad de Ortega, sin cargo oficial. Los capítulos lo señalan por la coordinación paramilitar y le atribuyen gran influencia sobre la Policía (Abril 2018, Operación Limpieza, Segundo exilio).

Estado de impunidad: El Tesoro de EE. UU. lo sancionó el 27 de noviembre de 2018. Esa sanción reconoce los hechos, pero no es justicia: ningún responsable de la represión de 2018 ha sido juzgado en Nicaragua; una ley de amnistía de 2019 cubre a policías y otras fuerzas implicadas.

Vinculado a: Directora general de la Policía Nacional durante las protestas de abril y mayo de 2018 (Abril 2018, Operación Limpieza). El GIEI recomendó investigar su responsabilidad en las muertes de esos meses. Bajo su dirección, la Policía instaló retenes contra las marchas campesinas contra el canal de 2015 a 2017 (Expropiación campesina).

Estado de impunidad: Ningún responsable de la represión de 2018 ha sido juzgado en Nicaragua; una ley de amnistía de 2019 cubre a policías y otras fuerzas implicadas. No consta ningún proceso en su contra.

Vinculado a: Integró el comando de 1974 (Guerrilla). Como jefe del Estado Mayor del EPS fue el responsable operativo de las levas del servicio militar (Servicio militar obligatorio) y comandó el Ejército de 1995 a 2000.

Estado de impunidad: Ningún funcionario sandinista ha sido juzgado por los abusos del servicio militar obligatorio ni se reparó a las familias. No consta ningún proceso en su contra.

Vinculado a: Presidente del Consejo de Estado y luego de la Asamblea Nacional. En 1985 atribuyó las resistencias al reclutamiento a que «Estados Unidos nos ha declarado la guerra» (Servicio militar obligatorio) y presidió la Asamblea que aprobó las leyes de la piñata en 1990 (Piñata). Como presidente de la Asamblea firmó la Ley 81, de amnistía, del 13 de marzo de 1990, que amnistió también a los militares y civiles que cometieron delitos en la persecución de opositores desde 1979 (Represión civil de los años ochenta). Encabezó en 1987 el diálogo con los partidos de oposición.

Estado de impunidad: Murió en 1990 sin ser juzgado. Ningún funcionario sandinista ha sido juzgado por los abusos del servicio militar obligatorio ni se reparó a las familias. Ningún funcionario sandinista ha sido juzgado por los hechos de la piñata y los beneficiarios conservan los bienes.

Vinculado a: Ministra de Gobernación y luego del Interior. Aprobó los acuerdos ministeriales que cancelan la personería de organizaciones, como los diez de enero de 2025, y la cancelación de 1,500 organizaciones en agosto de 2024 (Segundo exilio, Estado de excepción). Su ministerio canceló organizaciones religiosas como las Misioneras de la Caridad y el ministerio evangélico Puerta de la Montaña (Persecución a la Iglesia).

Estado de impunidad: No consta ningún proceso en su contra. Ningún responsable de estos cierres ha sido juzgado en Nicaragua y los bienes de las organizaciones canceladas siguen en manos del Estado.

Vinculado a: Jefe de la Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia Militar (DICIM). Su dirección compartió el control operativo de la represión de 2018 y coordina el componente político de la red transnacional de vigilancia (Operación Limpieza, Segundo exilio).

Estado de impunidad: El Tesoro de EE. UU. lo sancionó el 26 de febrero de 2026; ni la Unión Europea, ni el Reino Unido, Canadá o Suiza lo han sancionado. No ha sido juzgado.

Vinculado a: Integró el comando del asalto de 1974 (Guerrilla). Jefe del Estado Mayor del Ejército Popular Sandinista; la lista de La Prensa de 1997 le atribuye dos residencias de la piñata (Piñata). Como jefe del Ejército, según Enrique Bolaños, disuadió a Ortega de tomar el poder durante las protestas de 2004 y 2005 (Asonadas).

Estado de impunidad: No consta ningún proceso en su contra.

Vinculado a: Presidente de la Sala Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua. El 9 de febrero de 2023 confirmó que 222 personas habían sido «deportadas» y el 10 de febrero leyó la sentencia de 26 años y 4 meses contra el obispo Rolando Álvarez, sin abogado defensor según CNN (Estado de excepción). La condena del obispo Álvarez se cuenta en Persecución a la Iglesia.

Estado de impunidad: No consta ningún proceso en su contra. Ningún responsable ha sido juzgado en Nicaragua.

Vinculado a: Secretario de la Asamblea Nacional en 1990. Firmó las leyes de la piñata (Piñata) y la Ley 81 de amnistía del 13 de marzo de 1990 (Represión civil de los años ochenta). Como magistrado de la Corte Suprema integró el 19 de octubre de 2009 la Sala Constitucional que declaró inaplicable el límite a la reelección, según La Prensa (Consolidación del poder, fraude y corrupción).

Estado de impunidad: No consta ningún proceso en su contra. Nadie ha sido juzgado por la piñata ni por los delitos que cubrió la amnistía de 1990.

Vinculado a: Presidente ejecutivo del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. Según el GHREN, el presidente del INSS ordenó confiscar las pensiones y cotizaciones de los desnacionalizados y de otros exiliados (Operación Bertha, hiperinflación y finanzas). El 16 de abril de 2018, como director del INSS, defendió la reforma de la seguridad social que desató las protestas (Abril 2018).

Estado de impunidad: No consta ningún proceso en su contra; las personas afectadas no tuvieron vía de apelación ni compensación, según el GHREN.

Vinculado a: Ministro de Desarrollo Agropecuario y Reforma Agraria (MIDINRA): dirigió la aplicación de la Ley de Reforma Agraria (Robo de tierras). Durante la transición de 1990 firmó unos 16,000 títulos de reforma agraria y figura entre los beneficiarios de la Piñata.

Estado de impunidad: Ningún funcionario ha sido juzgado por las confiscaciones arbitrarias ni por la piñata; no consta ningún proceso en su contra.

Vinculado a: Subdirector general de la Policía Nacional y jefe de operaciones en Masaya en 2018. Dijo que la orden era «limpiar los tranques» y que en Masaya se haría «al costo que sea» (Abril 2018, Operación Limpieza).

Estado de impunidad: El GIEI recomendó investigar su responsabilidad y el Tesoro de EE. UU. lo sancionó el 7 de noviembre de 2019 por dirigir la operación en Masaya y Monimbó. Esa sanción reconoce los hechos, pero no es justicia: ningún responsable de la represión de 2018 ha sido juzgado en Nicaragua; una ley de amnistía de 2019 cubre a policías y otras fuerzas implicadas.

Vinculado a: Jefe de la DOEP, la unidad policial de operaciones especiales, a la que el GIEI ubica en un papel central en la represión de 2018 (Abril 2018, Operación Limpieza).

Estado de impunidad: El GIEI recomendó investigar su responsabilidad y Human Rights Watch pidió sancionarlo. Ningún responsable de la represión de 2018 ha sido juzgado en Nicaragua; una ley de amnistía de 2019 cubre a policías y otras fuerzas implicadas.

Vinculado a: Comandante de la Revolución. El capítulo de la Piñata lo cita como beneficiario. En noviembre de 1983, mientras las turbas divinas tomaban iglesias de Managua, dijo que «el centro del problema no es la religión» (Persecución a la Iglesia).

Estado de impunidad: Ningún funcionario sandinista ha sido juzgado por los hechos de la piñata y los beneficiarios conservan los bienes.

Vinculado a: Jefe de la Dirección de Información para la Defensa desde agosto de 2024; según el GHREN participó en la vigilancia política de críticos y en el intercambio de inteligencia con el FSLN y la Policía para decidir expulsiones (Segundo exilio).

Estado de impunidad: Ningún país lo ha sancionado y no ha sido juzgado en Nicaragua; el Ejército no ha sido objeto de una investigación independiente por la persecución de exiliados.

Vinculado a: Oficial cubano de contrainteligencia al servicio del Ministerio del Interior sandinista. Peter Torbiörnsson, sobreviviente del atentado, lo denunció en 2008 junto con Tomás Borge y Lenín Cerna como presunto autor intelectual de La Penca (Terrorismo de guerrilla). El caso de La Penca se cuenta completo en Represión transnacional.

Estado de impunidad: Murió en 2009 sin ser juzgado. Costa Rica dio por agotada su investigación en 2013 y la denuncia presentada en Nicaragua no prosperó. La autoría intelectual no está establecida por un tribunal.

Vinculado a: Guerrillero argentino que, según la identificación de dos periodistas en 1993, se hizo pasar por el fotógrafo danés «Per Anker Hansen» y colocó la bomba de La Penca el 30 de mayo de 1984 (Terrorismo de guerrilla).

Estado de impunidad: Murió en 1989 en el asalto al cuartel de La Tablada, en Argentina, sin ser juzgado por La Penca. La identificación la hicieron periodistas, no un organismo oficial.

Vinculado a: Viceministro del Interior. Según el GHREN, el viceministro del Interior, que es también secretario administrativo del FSLN, decide a qué nicaragüenses se prohíbe regresar al país, en consulta con la copresidenta; La Prensa lo identifica con él y dice que antes dirigió grupos de intervención de la Policía (Represión transnacional).

Estado de impunidad: No consta ningún proceso en su contra. Las personas a las que se prohíbe la entrada no reciben ningún documento con el que impugnar la decisión.

Vinculado a: Comandante de la Revolución. El capítulo de la Piñata lo cita como beneficiario: ocupó una casa en el residencial Los Robles que la familia Chamorro Rappaccioli dice haber comprado en 1977, y fue tesorero del FSLN elegido en 1991. Según su propio relato, impulsó desde 1983 con un equipo de técnicos el plan secreto del cambio de moneda de febrero de 1988 (Operación Bertha) y dijo que en la aplicación «se convirtió en una confiscación» (Operación Bertha, hiperinflación y finanzas).

Estado de impunidad: Ningún funcionario sandinista ha sido juzgado por los hechos de la piñata y los beneficiarios conservan los bienes.

Vinculado a: Teniente del Ministerio del Interior y, según Jaime Chamorro, censora de los medios desde 1982: ordenó a las radios encadenarse con el noticiero oficial y revisaba cada página de La Prensa (Represión civil de los años ochenta). Firmó, según La Prensa, la resolución que cerró Radio Católica el 1 de enero de 1986 (Persecución a la Iglesia).

Estado de impunidad: No consta ningún proceso en su contra. La Ley 81 de 1990 amnistió los delitos cometidos en la persecución de opositores.

Vinculado a: Coordinador del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, que fija la línea de los medios oficiales. Firmó los memorandos con Sputnik (5 de septiembre de 2022) y RT (5 de diciembre de 2022) y acuerdos con China Media Group (marzo de 2022 y octubre de 2025) (Propaganda y adoctrinamiento).

Estado de impunidad: No consta ningún proceso en su contra. Nadie ha respondido por el control de los medios ni por los cierres de medios independientes desde 2018.

Vinculado a: Presidente de la República desde 1997 y jefe del Partido Liberal Constitucionalista. Con Daniel Ortega negoció el reparto de la Corte Suprema, el Consejo Supremo Electoral y la Contraloría de 1999–2000 y lo confirmó el 27 de mayo de 2010 con las palabras «pacté»; dijo que el acuerdo buscaba bajar el umbral para ganar la presidencia del 45 % al 35 % (Ruta al poder). La Corte Suprema lo absolvió el 16 de enero de 2009 y horas después, según Latin News, los diputados liberales dieron al FSLN la presidencia de la Asamblea (Consolidación del poder, fraude y corrupción).

Estado de impunidad: Fue condenado el 7 de diciembre de 2003 a 20 años de prisión y una multa de 10 millones de dólares por corrupción y lavado de dinero; cumplió la mayor parte de la pena fuera de la cárcel y el 16 de enero de 2009 la Sala Penal de la Corte Suprema, por cuatro votos contra dos, lo absolvió.

Vinculado a: Ministro de Relaciones Exteriores en 2018. Anunció en diciembre de 2018 la expulsión del MESENI, la CIDH y el GIEI, con lo que cerró el acceso de los órganos internacionales (Estado de excepción). El 23 de mayo de 2018 calificó de «golpe de Estado» la agenda de 40 puntos del diálogo nacional (Abril 2018).

Estado de impunidad: No consta ningún proceso en su contra. Ningún responsable de estos cierres ha sido juzgado en Nicaragua y, según HRW, ningún órgano internacional de derechos humanos ha entrado al país desde 2018.

Vinculado a: Cocanciller. El Grupo de Expertos de la ONU (GHREN) lo señaló en su informe del 22 de septiembre de 2026 como responsable de una red de vigilancia e inteligencia contra personas nicaragüenses en el exilio (Represión transnacional).

Estado de impunidad: Sin proceso en Nicaragua. El GHREN recomienda a los Estados aplicar sanciones y ejercer jurisdicción universal sobre estos hechos.

Vinculado a: Mayor del Ejército Popular Sandinista, exoficial de ese aparato hasta su retiro en 1991 y luego disidente; el capítulo del servicio militar lo cita como oficial de la institución que reclutaba (Servicio militar obligatorio).

Estado de impunidad: Ningún funcionario sandinista ha sido juzgado por los abusos del servicio militar obligatorio ni se reparó a las familias. No consta ningún proceso en su contra. Fue asesinado en Costa Rica el 19 de junio de 2025.

Vinculado a: Fundador y máximo dirigente del FSLN. Encabezó el proyecto guerrillero de 1961–1976 en el que se produjeron asaltos a bancos, atentados y ataques con víctimas civiles y de la Guardia (Guerrilla).

Estado de impunidad: Murió en combate en 1976 sin ser juzgado. Las víctimas de la violencia guerrillera no fueron contabilizadas, reconocidas ni reparadas, y el régimen celebra esas acciones como gestas.

Vinculado a: Jefe del comando que el 27 de diciembre de 1974 asaltó la casa de Chema Castillo, en Los Robles (Managua): Castillo y los guardias de la entrada murieron y unas veinte personas fueron retenidas como rehenes (Guerrilla).

Estado de impunidad: Murió en combate en 1976 sin ser juzgado. Las víctimas de la violencia guerrillera no fueron contabilizadas, reconocidas ni reparadas, y el régimen celebra esas acciones como gestas.

Vinculado a: Jefe del comando que tomó el Palacio Nacional entre el 22 y el 24 de agosto de 1978, en plena sesión de diputados; murió el teniente de la Guardia Ricardo Yllesca y hubo heridos (Guerrilla).

Estado de impunidad: Murió en 2020 sin ser juzgado por esos hechos. Las víctimas de la violencia guerrillera no fueron contabilizadas, reconocidas ni reparadas, y el régimen celebra esas acciones como gestas.

Vinculado a: Integrante de la columna guerrillera que el 12 de octubre de 1977 emboscó a la Guardia Nacional en la Hacienda San Fabián (Nueva Segovia), donde murieron dos adolescentes, hijos del dueño, y del comando que tomó el Palacio Nacional en agosto de 1978 (Guerrilla).

Estado de impunidad: No consta ningún proceso por esos hechos: el capítulo señala que no existe registro oficial de las víctimas civiles de la violencia guerrillera. Las víctimas de la violencia guerrillera no fueron contabilizadas, reconocidas ni reparadas, y el régimen celebra esas acciones como gestas.

Vinculado a: Secretario de la Asamblea Nacional durante el proceso legislativo de la piñata, aprobada entre el 29 de marzo y el 2 de abril de 1990 (Piñata).

Estado de impunidad: Ningún funcionario sandinista ha sido juzgado por los hechos de la piñata y los beneficiarios conservan los bienes. No consta ningún proceso en su contra.

Vinculado a: Diputado del FSLN y operador legislativo en las leyes represivas aprobadas por la Asamblea Nacional (Segundo exilio).

Estado de impunidad: No consta ningún proceso en su contra. Ningún responsable ha sido juzgado en Nicaragua.

Vinculado a: Cofundador del FSLN, parte de los cuadros formados en Cuba; comandó a los nicaragüenses en la defensa de La Habana en Playa Girón y murió en agosto de 1967, cuando fue destruido el foco guerrillero de Pancasán (Guerrilla). El capítulo no le atribuye hechos concretos contra civiles.

Estado de impunidad: Murió en 1967, sin ser juzgado.

Vinculado a: Participó en el operativo del 8 de marzo de 1978: atrajo al general de la Guardia Reynaldo Pérez Vega, que fue estrangulado cuando se resistió. Ella lo llamó «justicia política» (Guerrilla).

Estado de impunidad: No fue juzgada. El hecho siguió siendo controvertido el resto de su vida y la administración Reagan rechazó su designación como embajadora en Washington por «razones morales», con ese crimen como uno de los motivos.

Vinculado a: Dirigente de Cuba que permitió que los primeros sandinistas combatieran con sus fuerzas y encabezó el respaldo a la guerrilla (Guerrilla). El capítulo no le atribuye hechos concretos contra civiles en Nicaragua.

Estado de impunidad: No consta ningún proceso por ese apoyo.

Vinculado a: Su mensaje de abril de 1967 («crear dos, tres… muchos Vietnam») y el entrenamiento que abrió a los primeros nicaragüenses en Cuba forman parte del respaldo externo a la lucha armada del FSLN (Guerrilla). El capítulo no le atribuye hechos concretos contra civiles en Nicaragua.

Estado de impunidad: Murió en 1967. No consta ningún proceso por ese apoyo.

Vinculado a: Enlace de Cuba con el FSLN en Panamá y primer embajador cubano en Managua, en 1979; parte del respaldo cubano a la lucha armada (Guerrilla). El capítulo no le atribuye hechos concretos contra civiles.

Estado de impunidad: No consta ningún proceso en su contra.

Vinculado a: Dirigente sandinista señalado en la denuncia de 2006 por genocidio y crímenes de lesa humanidad por los hechos de la Navidad Roja (Navidad Roja).

Estado de impunidad: Nadie ha sido condenado por la Navidad Roja: la Fiscalía archivó la denuncia el 16 de junio de 2010 y un decreto de amnistía de 1983 cubrió los hechos.

Vinculado a: Dirigente sandinista señalado en la denuncia de 2006 por genocidio y crímenes de lesa humanidad por los hechos de la Navidad Roja (Navidad Roja).

Estado de impunidad: Nadie ha sido condenado por la Navidad Roja: la Fiscalía archivó la denuncia el 16 de junio de 2010 y un decreto de amnistía de 1983 cubrió los hechos.

Vinculado a: Ex integrante del Ejército señalado en la denuncia de 2006 por genocidio y crímenes de lesa humanidad por los hechos de la Navidad Roja, la campaña militar contra las comunidades miskitas de 1981–1982 (Navidad Roja).

Estado de impunidad: Nadie ha sido condenado por la Navidad Roja: la Fiscalía archivó la denuncia el 16 de junio de 2010 y un decreto de amnistía de 1983 cubrió los hechos.

Vinculado a: Dirigente sandinista que anunció en diciembre de 1981 que el gobierno retiraba el reconocimiento a MISURASATA, en el mes de la Navidad Roja (Navidad Roja).

Estado de impunidad: Nadie ha sido condenado por la Navidad Roja: la Fiscalía archivó la denuncia el 16 de junio de 2010 y un decreto de amnistía de 1983 cubrió los hechos.

Vinculado a: Sargento al que la CIDH menciona al mando de los detenidos de Leimus (Navidad Roja).

Estado de impunidad: Un tribunal militar lo absolvió el 2 de abril de 1983. Nadie ha sido condenado por la Navidad Roja: la Fiscalía archivó la denuncia el 16 de junio de 2010 y un decreto de amnistía de 1983 cubrió los hechos.

Vinculado a: Teniente al que la CIDH menciona entre los oficiales a cargo de Leimus (Navidad Roja).

Estado de impunidad: Un tribunal militar lo absolvió el 2 de abril de 1983. Nadie ha sido condenado por la Navidad Roja: la Fiscalía archivó la denuncia el 16 de junio de 2010 y un decreto de amnistía de 1983 cubrió los hechos.

Vinculado a: Coronel del Ejército que habló de un «enfrentamiento con delincuentes» en la masacre de San Pablo 22 (Ejecuciones clandestinas).

Estado de impunidad: No consta ningún proceso en su contra. La gran mayoría de los asesinatos de desmovilizados y campesinos permanece sin esclarecer.

Vinculado a: Paramilitar y militante del FSLN al que la familia Montenegro acusa de dirigir el operativo contra Oliver Montenegro (Ejecuciones clandestinas).

Estado de impunidad: No consta ninguna condena en su contra. La gran mayoría de los asesinatos de desmovilizados y campesinos permanece sin esclarecer.

Vinculado a: Delegado del Consejo Electoral en Cusmapa, condenado por la masacre de El Carrizo (Ejecuciones clandestinas).

Estado de impunidad: Es uno de los pocos casos con condena. La gran mayoría de los asesinatos de desmovilizados y campesinos permanece sin esclarecer.

Vinculado a: Jefe de la Policía de Cusmapa, condenado por la masacre de El Carrizo (Ejecuciones clandestinas).

Estado de impunidad: Es uno de los pocos casos con condena. La gran mayoría de los asesinatos de desmovilizados y campesinos permanece sin esclarecer.

Vinculado a: Secretario político del FSLN en Cusmapa, condenado por la masacre de El Carrizo (Ejecuciones clandestinas).

Estado de impunidad: Es uno de los pocos casos con condena. La gran mayoría de los asesinatos de desmovilizados y campesinos permanece sin esclarecer.

Vinculado a: Subdirector de la Policía Nacional a cargo de la inteligencia durante la represión de abril de 2018 (Abril 2018).

Estado de impunidad: El GIEI recomendó investigar su responsabilidad en diciembre de 2018. Ningún responsable de la represión de 2018 ha sido juzgado en Nicaragua; una ley de amnistía de 2019 cubre a policías y otras fuerzas implicadas.

Vinculado a: Ministra de Salud. El GIEI recomendó investigarla por la negativa de atención de emergencia a los heridos; el 2 de mayo de 2018 respondió que el hospital que no atendió a Álvaro Conrado «es una empresa» (Abril 2018).

Estado de impunidad: Nadie respondió por la negativa de atención a Álvaro Conrado. Ningún responsable de la represión de 2018 ha sido juzgado en Nicaragua; una ley de amnistía de 2019 cubre a policías y otras fuerzas implicadas.

Vinculado a: Jefe del Estado Mayor del Ejército en 2018. Según el GHREN, habría leído el 20 de abril de 2018 una orden presidencial de «neutralizar» a quienes participaban en las protestas (Operación Limpieza).

Estado de impunidad: El GHREN calificó los hechos de 2018 como crímenes de lesa humanidad. No consta ningún proceso en su contra; la Corte Penal Internacional no tiene jurisdicción directa porque Nicaragua no es Estado parte del Estatuto de Roma.

Vinculado a: Presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua. Leyó el 15 de febrero de 2023 la resolución que despojó de la nacionalidad a 94 personas y ordenó confiscar sus bienes (Segundo exilio).

Estado de impunidad: No consta ningún proceso en su contra. Las personas desnacionalizadas siguen sin nacionalidad, sus bienes no han sido devueltos y ningún responsable ha sido juzgado en Nicaragua.

Vinculado a: Procuradora General de la República. Recibió las órdenes de decomiso de bienes y debía transferir al Estado los de las organizaciones canceladas (Estado de excepción).

Estado de impunidad: No consta ningún proceso en su contra. Los bienes de las organizaciones canceladas pasaron al Estado y ningún responsable ha sido juzgado en Nicaragua.

Vinculado a: Comisionado de la Policía de Managua (vigilancia y patrullaje) en 2018 (Abril 2018).

Estado de impunidad: El GIEI recomendó investigar su responsabilidad en diciembre de 2018. Ningún responsable de la represión de 2018 ha sido juzgado en Nicaragua; una ley de amnistía de 2019 cubre a policías y otras fuerzas implicadas.

Vinculado a: Comisionado de la Policía de Managua (vigilancia y patrullaje) en 2018 (Abril 2018).

Estado de impunidad: El GIEI recomendó investigar su responsabilidad en diciembre de 2018. Ningún responsable de la represión de 2018 ha sido juzgado en Nicaragua; una ley de amnistía de 2019 cubre a policías y otras fuerzas implicadas.

Vinculado a: Comisionado de la Policía de Managua (vigilancia y patrullaje) en 2018 (Abril 2018).

Estado de impunidad: El GIEI recomendó investigar su responsabilidad en diciembre de 2018. Ningún responsable de la represión de 2018 ha sido juzgado en Nicaragua; una ley de amnistía de 2019 cubre a policías y otras fuerzas implicadas.

Vinculado a: Ministro de Educación de 1979 a 1984 y responsable de la Cruzada Nacional de Alfabetización de 1980; embajador en Estados Unidos desde 1984 hasta su expulsión en 1988. Más tarde pasó a la disidencia y participó en la comisión de diálogo de 2018 (Propaganda y adoctrinamiento).

Estado de impunidad: Murió en marzo de 2024, a los 90 años. No consta ningún proceso en su contra; nadie ha respondido por la partidarización de la educación de los años ochenta.

Vinculado a: Sacerdote jesuita; figura al frente de la Cruzada Nacional de Alfabetización de 1980 y después ministro de Educación. En 1984 fue suspendido de la Compañía de Jesús por ocupar un cargo en el gobierno (Propaganda y adoctrinamiento).

Estado de impunidad: Murió el 20 de febrero de 2016. No consta ningún proceso en su contra.

Vinculado a: Jefe del Departamento de Agitación y Propaganda del FSLN y director de Barricada, el diario del Frente, hasta que la dirigencia lo destituyó en 1994 (Propaganda y adoctrinamiento). Después fundó Esta Semana, Confidencial y Esta Noche; desde 2021 vive en el exilio y en 2023 fue despojado de su nacionalidad.

Estado de impunidad: No consta ningún proceso en su contra por su gestión en Barricada. En 2021 fue acusado de lavado de dinero, tras el arresto de sus hermanos, y se exilió.

Vinculado a: Enlace de prensa internacional del FSLN (1982) y directora de Comunicación del Estado (1984); cofundó el suplemento literario Ventana de Barricada. Pasó a la disidencia y en febrero de 2023 fue despojada de su nacionalidad (Propaganda y adoctrinamiento).

Estado de impunidad: No consta ningún proceso en su contra por sus cargos de comunicación. Vive en el exilio en Madrid.

Vinculado a: Figura entre los editores de Barricada (según Hispanopedia) y conductor del programa Sin Fronteras en Radio La Primerísima. La Prensa lo describe como propagandista y «mensajero de Ortega»; el 9 de junio de 2021 anunció que vendrían más detenciones de opositores (Propaganda y adoctrinamiento).

Estado de impunidad: No consta ningún proceso en su contra. Sus declaraciones públicas no han tenido consecuencias legales.

Vinculado a: Jefe de la Dirección de Información para la Defensa (DID) hasta julio de 2024; su dirección asumió el control operativo de la represión de 2018 y la vigilancia política de críticos (Operación Limpieza).

Estado de impunidad: Ningún país lo ha sancionado y no ha sido juzgado en Nicaragua; el Ejército no ha sido objeto de una investigación independiente por los hechos de 2018.

Vinculado a: Coronel jefe del Comando de Operaciones Especiales en 2018; según el GHREN ordenó desplegar francotiradores con fusiles de precisión y enviar personal con uniforme policial o ropa civil (Operación Limpieza).

Estado de impunidad: Ningún país lo ha sancionado y no ha sido juzgado en Nicaragua; el Ejército no ha sido objeto de una investigación independiente por los hechos de 2018.

Vinculado a: Coronel jefe del Sexto Comando Militar Regional (Matagalpa y Jinotega) en 2018; según el GHREN ordenó a su personal participar en la represión con uniforme policial o ropa civil (Operación Limpieza).

Estado de impunidad: Ningún país lo ha sancionado y no ha sido juzgado en Nicaragua; el Ejército no ha sido objeto de una investigación independiente por los hechos de 2018.

Vinculado a: Coronel jefe del Quinto Comando Militar Regional (Boaco y Chontales); según el GHREN ordenó a su personal participar en la represión (Operación Limpieza).

Estado de impunidad: Ningún país lo ha sancionado y no ha sido juzgado en Nicaragua; el Ejército no ha sido objeto de una investigación independiente por los hechos de 2018.

Vinculado a: Coronel jefe del Segundo Comando Militar Regional (León y Chinandega); según el GHREN ordenó a su personal participar en la represión (Operación Limpieza).

Estado de impunidad: Ningún país lo ha sancionado y no ha sido juzgado en Nicaragua; el Ejército no ha sido objeto de una investigación independiente por los hechos de 2018.

Vinculado a: Coronel jefe del Destacamento Militar Sur (Río San Juan); según el GHREN ordenó a su personal participar en la represión, en operaciones conjuntas con el Batallón Ecológico (Operación Limpieza).

Estado de impunidad: Ningún país lo ha sancionado y no ha sido juzgado en Nicaragua; el Ejército no ha sido objeto de una investigación independiente por los hechos de 2018.

Vinculado a: Coronel jefe del Primer Comando Militar Regional (Estelí, Nueva Segovia y Madriz); según el GHREN ordenó a su personal participar en la represión (Operación Limpieza).

Estado de impunidad: Ningún país lo ha sancionado y no ha sido juzgado en Nicaragua; el Ejército no ha sido objeto de una investigación independiente por los hechos de 2018.

Vinculado a: Presidente de la Autoridad del Gran Canal, el órgano cuya Comisión ejecutaría las expropiaciones que pidiera el concesionario. En noviembre de 2016 anunció obras importantes antes de fin de año, mientras los campesinos de la ruta seguían sin saber qué se expropiaría (Expropiación campesina).

Estado de impunidad: No ha sido juzgado por estos hechos. La Asamblea reformó la Ley 800 y derogó la Ley 840 el 8 de mayo de 2024, y la concesión terminó sin que se construyera el canal.

Vinculado a: Empresario chino, presidente de HKND y concesionario de la Ley 840 de 2013. El artículo 12 de esa ley le daba la facultad de decidir si pedía expropiar tierras y cuándo, con indemnización según el valor catastral (Expropiación campesina).

Estado de impunidad: No ha sido juzgado por estos hechos. HKND cerró sus oficinas en Hong Kong en 2018 y la Ley 840 se derogó el 8 de mayo de 2024; no hay reparación para las familias que vivieron años bajo la amenaza de expropiación.

Vinculado a: Juez del Juzgado Noveno de Distrito Penal de Juicio de Managua. Declaró culpables el 17 de diciembre de 2018 y condenó el 18 de febrero de 2019 a los líderes campesinos Medardo Mairena (216 años), Pedro Mena (210) y Orlando Icabalceta (159 años y 3 meses), por penas muy superiores a las pedidas por la Fiscalía y al máximo legal de 30 años (Expropiación campesina).

Estado de impunidad: Las condenas no fueron anuladas: la amnistía de junio de 2019 excarceló a los dirigentes sin revisar el proceso ni determinar responsabilidades.

Vinculado a: Teniente de la Dirección General de Seguridad del Estado, jefe del Departamento F-1. Según los testimonios que recoge la CIDH, la operación de 1983 contra el coronel retirado José Ramón Silva Reyes, asilado en la embajada de Guatemala y desaparecido desde entonces, estuvo bajo sus órdenes (Represión civil de los años ochenta).

Estado de impunidad: No ha sido juzgado. En 2025 la Corte Interamericana declaró a Nicaragua responsable de la desaparición forzada de Silva Reyes y le ordenó investigar e identificar a los responsables.

Vinculado a: Director del Sistema Penitenciario en los años ochenta. Según el desertor Álvaro Baldizón, recibió en Tipitapa a los asilados capturados en 1983 (Represión civil de los años ochenta).

Estado de impunidad: No ha sido juzgado. La acusación procede del testimonio de Baldizón.

Vinculado a: Dirigente del Ejército Revolucionario del Pueblo argentino. Dirigió el comando que mató a Anastasio Somoza en Asunción el 17 de septiembre de 1980; La Prensa le atribuye también el asesinato del «comandante Bravo» en Honduras en 1979 (Represión transnacional).

Estado de impunidad: No fue juzgado en Paraguay ni en Nicaragua por esos hechos.

Vinculado a: Ministro de Planificación en 1988. Según Henry Ruiz, retomó el plan del cambio de moneda y decidió cambiar mil córdobas viejos por uno nuevo; no respondió a las preguntas de La Prensa (Operación Bertha, hiperinflación y finanzas).

Estado de impunidad: Nadie ha sido juzgado por la Operación Bertha ni se compensó a quienes perdieron su dinero. No consta ningún proceso en su contra.

Vinculado a: Comandante. Según Envío, ministro de Comercio Interior en 1988; su ministerio emitía la Tarjeta del Consumidor que el Decreto 306 exigía para cambiar el dinero (Operación Bertha, hiperinflación y finanzas).

Estado de impunidad: Nadie ha sido juzgado por la Operación Bertha. No consta ningún proceso en su contra.

Vinculado a: Cardenal y arzobispo de Managua. En 2004 selló una alianza con Daniel Ortega, con una misa que ofició en un aniversario de la Revolución, y en 2005 ofició su boda religiosa con Rosario Murillo (Ruta al poder). Su relación con el sandinismo en los años ochenta, cuando fue blanco de la persecución a la Iglesia, se cuenta en ese capítulo.

Estado de impunidad: Murió el 3 de junio de 2018. No consta ningún proceso en su contra.

Vinculado a: Banquero y representante de la Resistencia (Contra) en las negociaciones de paz. Daniel Ortega lo escogió como candidato a vicepresidente en la campaña de 2006 y dijo que su elección mostraba que había cambiado y que nadie debía temer confiscaciones (Ruta al poder).

Estado de impunidad: No consta ningún proceso en su contra.

Vinculado a: Presidente de Venezuela. Presentó su «socialismo del siglo XXI» en 2005 y su Gobierno apoyó la campaña de Daniel Ortega de 2006 con fertilizante, combustible y expresiones de respaldo, según la misión de la Unión Europea. Nicaragua ingresó al ALBA el 11 de enero de 2007, un día después de la toma de posesión de Ortega (Ruta al poder).

Estado de impunidad: Murió en 2013 sin que se le abriera ningún proceso por estos hechos.

Vinculado a: Exmayor del Ejército Popular Sandinista y jefe del Frente Revolucionario de Obreros y Campesinos. Dirigió el 21 de julio de 1993 la toma de Estelí, que según la CIDH dejó 22 muertos, 98 heridos y 9 desaparecidos; Human Rights Watch criticó que sus hombres se posicionaran en un hospital (Ejecuciones clandestinas). Confidencial informa que se benefició de la amnistía y que en 2018 reapareció con grupos paramilitares del norte, según exmilitares anónimos.

Estado de impunidad: Según Confidencial, se benefició de la amnistía del gobierno de Violeta Chamorro. No consta ninguna condena en su contra por la toma de Estelí.

Vinculado a: Jefe recontra del Frente Norte 3-80, conocido como «El Chacal». Según la CIDH, su grupo secuestró el 19 de agosto de 1993 en Quilalí a una comisión gubernamental con los diputados Carlos Gallo y Doris Tijerino; según Human Rights Watch rompió las negociaciones a mediados de octubre y el Ejército lanzó una campaña contra sus hombres (Ejecuciones clandestinas).

Estado de impunidad: No consta ninguna condena en su contra por el secuestro de Quilalí.

Vinculado a: Presidente del Consejo Supremo Electoral desde alrededor del año 2000 hasta su renuncia en mayo de 2018. Presidió las elecciones de 2008, 2011, 2016 y 2017, que la misión de la Unión Europea y la OEA cuestionaron (Consolidación del poder, fraude y corrupción). El Tesoro de Estados Unidos lo sancionó el 21 de diciembre de 2017 por fraude electoral y corrupción.

Estado de impunidad: Murió el 5 de marzo de 2022 sin haber enfrentado procesos judiciales en Nicaragua. Las denuncias sobre su patrimonio no llegaron a los tribunales.

Vinculado a: Vicealcaldesa y, desde julio de 2009, alcaldesa de Managua tras la muerte de Alexis Argüello. Declaró en 2010 que los puestos «no son de la persona, son del partido» (Consolidación del poder, fraude y corrupción).

Estado de impunidad: No consta ningún proceso en su contra. Nadie ha respondido por las denuncias de contratos de la alcaldía de Managua; la Comisión de Probidad de la Asamblea impidió investigarlos.

Vinculado a: Elegida vicealcaldesa de Managua por los concejales sandinistas el 7 de julio de 2009 y alcaldesa desde enero de 2018, según La Prensa (Consolidación del poder, fraude y corrupción).

Estado de impunidad: No consta ningún proceso en su contra. Las denuncias sobre contratos de la alcaldía no han sido investigadas por una autoridad judicial.

Vinculado a: Hijo de los presidentes. Director del Canal 8 desde 2010 y creador de Difuso Comunicaciones en 2008, según Reuters (Consolidación del poder, fraude y corrupción).

Estado de impunidad: No consta ningún proceso en su contra. Las denuncias sobre los negocios de medios de la familia no han llegado a los tribunales.

Vinculado a: Hijo de los presidentes. Vinculado a Radio Ya y a una cadena de gasolineras estatal, según Reuters. El Tesoro de Estados Unidos lo describe como gestor clave de las finanzas familiares (Consolidación del poder, fraude y corrupción).

Estado de impunidad: No consta ningún proceso en su contra en Nicaragua. Las denuncias sobre las finanzas familiares no han llegado a los tribunales.

Vinculado a: Ministra de Gobernación en 2008. El Ministerio ordenó investigar a 17 organizaciones civiles por «triangulación» y «lavado de dinero» tras la acusación de Rosario Murillo (Consolidación del poder, fraude y corrupción).

Estado de impunidad: No consta ningún proceso en su contra. Las investigaciones a las organizaciones no terminaron en condenas.

Vinculado a: Jefe de la inteligencia cubana y del Departamento América del Partido Comunista de Cuba hasta 1992. Según La Prensa, recibió el encargo de dar armas y dinero a grupos guerrilleros; dijo que Nicaragua era el trabajo más activo de Cuba en América Latina (Guerrilla).

Estado de impunidad: Murió en La Habana en 1998 sin haber respondido ante ningún tribunal por su apoyo a la guerrilla sandinista.

Vinculado a: Procurador general de la República. En 2014 rechazó la petición de la CIDH sobre la desaparición forzada de José Ramón Silva Reyes, alegando prescripción y falta de pruebas; en noviembre de 2025 la Corte Interamericana declaró responsable a Nicaragua (Represión civil).

Estado de impunidad: No consta ningún proceso en su contra. La desaparición de Silva Reyes no ha sido investigada en Nicaragua.

Vinculado a: Comandante del gobierno sandinista. Dijo a la CIDH que no tenía registro de la detención del miskito Manuel Thompson Clark, desaparecido, pese a declaraciones contradictorias (Navidad Roja).

Estado de impunidad: No consta ningún proceso en su contra. El paradero de Thompson Clark no se ha esclarecido.

Vinculado a: Fiscal regional. El 16 de junio de 2010 archivó la denuncia por genocidio y crímenes de lesa humanidad presentada por la Navidad Roja; la Comisión Permanente de Derechos Humanos llamó «un show» a la investigación (Navidad Roja).

Estado de impunidad: No consta ningún proceso en su contra. Con su resolución, nadie fue juzgado por la Navidad Roja.

Vinculado a: Juez. Condenó a cuatro de los seis acusados por la masacre de la familia Tórrez (El Carrizo, Cusmapa, noviembre de 2011) a unos tres años de prisión, por debajo del mínimo legal para homicidio; la viuda dijo: «Siento que con este fallo es fácil matar» (Ejecuciones clandestinas).

Estado de impunidad: No consta ningún proceso en su contra.

Vinculado a: Magistrado de la Corte Suprema. Firmó la sentencia del 19 de octubre de 2009. Integró, con otros cinco magistrados sandinistas, la Sala Constitucional que el 19 de octubre de 2009 declaró inaplicable el artículo 147 de la Constitución, que prohibía la reelección consecutiva, sin convocar a los magistrados liberales, según La Prensa (Consolidación del poder, fraude y corrupción).

Estado de impunidad: No consta ningún proceso en su contra. La sentencia de 2009 nunca fue revisada y la reforma de 2014 la convirtió en norma constitucional.

Vinculado a: Magistrada sandinista de la Corte Suprema. Integró, con otros cinco magistrados sandinistas, la Sala Constitucional que el 19 de octubre de 2009 declaró inaplicable el artículo 147 de la Constitución, que prohibía la reelección consecutiva, sin convocar a los magistrados liberales, según La Prensa (Consolidación del poder, fraude y corrupción).

Estado de impunidad: No consta ningún proceso en su contra. La sentencia de 2009 nunca fue revisada y la reforma de 2014 la convirtió en norma constitucional.

Vinculado a: Magistrado sandinista de la Corte Suprema. Integró, con otros cinco magistrados sandinistas, la Sala Constitucional que el 19 de octubre de 2009 declaró inaplicable el artículo 147 de la Constitución, que prohibía la reelección consecutiva, sin convocar a los magistrados liberales, según La Prensa (Consolidación del poder, fraude y corrupción).

Estado de impunidad: No consta ningún proceso en su contra. La sentencia de 2009 nunca fue revisada y la reforma de 2014 la convirtió en norma constitucional.

Vinculado a: Magistrada sandinista de la Corte Suprema. Integró, con otros cinco magistrados sandinistas, la Sala Constitucional que el 19 de octubre de 2009 declaró inaplicable el artículo 147 de la Constitución, que prohibía la reelección consecutiva, sin convocar a los magistrados liberales, según La Prensa (Consolidación del poder, fraude y corrupción). Como jueza, el 7 de diciembre de 2003 había condenado a Arnoldo Alemán (Ruta al poder).

Estado de impunidad: No consta ningún proceso en su contra. La sentencia de 2009 nunca fue revisada y la reforma de 2014 la convirtió en norma constitucional.

Vinculado a: Magistrada sandinista de la Corte Suprema. Integró, con otros cinco magistrados sandinistas, la Sala Constitucional que el 19 de octubre de 2009 declaró inaplicable el artículo 147 de la Constitución, que prohibía la reelección consecutiva, sin convocar a los magistrados liberales, según La Prensa (Consolidación del poder, fraude y corrupción).

Estado de impunidad: No consta ningún proceso en su contra. La sentencia de 2009 nunca fue revisada y la reforma de 2014 la convirtió en norma constitucional.

Vinculado a: Juez sandinista. En 2008 halló culpables de «injurias» a Jaime Chamorro y a Eduardo Enríquez, de La Prensa, por la denuncia de cinco mujeres de un Consejo del Poder Ciudadano, y les impuso multas (Consolidación del poder, fraude y corrupción).

Estado de impunidad: No consta ningún proceso en su contra.

Vinculado a: La Corte Suprema lo reconoció en 2016 como presidente del Partido Liberal Independiente; con esa dirección se destituyó a 28 diputados de la oposición (Consolidación del poder, fraude y corrupción).

Estado de impunidad: No consta ningún proceso en su contra.

Vinculado a: Vocero del proyecto del Gran Canal. En 2015 ofreció a los campesinos afectados permuta, indemnización directa o indemnización por comunidad en el Caribe, con pagos administrados por la concesionaria (Expropiación campesina).

Estado de impunidad: No consta ningún proceso en su contra.

Vinculado a: Diputado sandinista. El director de Radio Darío, Aníbal Toruño, lo señaló por el ataque e incendio de la radio en León, en abril de 2018; la CIDH atribuye el ataque a turbas sandinistas y a terceros armados (Abril 2018).

Estado de impunidad: No consta ningún proceso en su contra.

Vinculado a: Directora del Hospital Escuela Óscar Danilo Rosales, de León. El 27 de julio de 2018 despidió a médicos y trabajadores que atendieron a manifestantes y escribió que habría más despidos «por terroristas» (Abril 2018).

Estado de impunidad: No consta ningún proceso en su contra. Los médicos despedidos no fueron reintegrados.

Vinculado a: Dirigente del Frente Nacional de los Trabajadores. La Prensa documentó su visita a las barricadas del paro de transporte de septiembre de 1993, en el que murieron el subcomisionado Saúl Álvarez y Romelda Martínez (Asonadas).

Estado de impunidad: No consta ningún proceso en su contra.